El pronunciamiento internacional declara: «El denominador común que conecta los desalojos violentos del 21 de mayo de 2014 con los hechos documentados anteriormente sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, sigue siendo el mismo: en vez de buscar una solución sostenible y justa a la problemática de la tenencia de la tierra, en coherencia con el derecho a la alimentación y demás derechos humanos, se intenta detener la lucha campesina mediante la violencia y represión. Y por la falta de investigación, los crímenes quedan en impunidad«.
Una vez más se demuestra como la imposición de un modelo productivo explotador, basado en la expansión de los monocultivos a gran escala, en este caso de la palma africana, la concentración de la tierra y la expulsión de las familias campesinas, siga generando muerte y destrucción.