¿Quién financia a los autores del PLP 227?

 

Al menos seis de los más grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros de la red del agronegocio, minería e industria de armamentos han invertido 1.395.000 reales en las campañas electorales – 2010 – de 9 de los 17 diputados federales que firmaron el Proyecto de Ley Complementaria (PLP 227). Los datos proceden del Tribunal Superior Electoral (TSE) – a continuación la lista completa de los donantes de las campañas de los 17 parlamentares autores del PLP 227. Bunge, Cosan, JBS, Gerdau, Seara y la Asociación Nacional de la Industria de armas son los principales inversores.

 

Otras decenas de empresas y transnacionales de granos, agrotóxicos, frigoríficos, minería y constructoras también figuran entre los principales donantes de los parlamentarios que firmaron el PLP 227. En tiempos en que los integrantes del Frente Parlamentar Agropecuario denuncian supuestos intereses espurios de organizaciones indígenas y de ONGs ambientalistas —sin nunca decir a cuales se refieren— las cifras demuestran en la práctica quién debe dar las debidas explicaciones cuando de intereses se trata.

 

El PLP 227,en trámite y redactado el año pasado, tiene como objetivo crear una ley complementaria del artículo 231 de la Constitución Federal – «De los indios» – señalando excepciones al derecho de uso exclusivo por parte de los indígenas de sus tierras tradicionales, en el caso que sea de sumo interés público de la Unión (Gobierno Federal). Entre las excepciones, de acuerdo con el PLP 227, está la explotación de los territorios indígenas por la red del agronegocio y por empresas de minería, además de la construcción de emprendimientos ligados a los intereses de las esferas del gobierno – federal, estatal y municipal.

 

Por lo tanto, la aprobación del PLP 227 interesa directamente a los sectores empresariales nacionales e internacionales, que consideran las tierras indígenas terreno fértil y prometedor para la explotación de sus áreas productivas, masivamente ligadas a commodities. Estos grupos comerciales financiaron parte o la totalidad de las campañas políticas de los legisladores que propusieron el PLP 227. Como dice el refrán, quien paga la orquesta decide qué música toca. La práctica no demuestra lo contrario, al observarse que los 17 diputados federales son conocidos opositores de los derechos indígenas en sus actividades parlamentarias y profesionales.

 

La transnacional estadunidense Cosan, productora de biocombustibles y que mantenía ingenios en tierras indígenas en el estado de Mato Grosso do Sul, ha invertido 150.000 reales en las campañas electorales de Luiz Carlos Heinze (PP/RS), declarado opositor de las demarcaciones de tierras indígenas, Giovanni Queiroz (PDT/PA), terrateniente paraense, Roberto Balestra (PP/GO), gran terrateniente del centro-oeste, y Moreira Mendes (PSD/RO), relator del PLP 227 y también terrateniente con intereses económicos volcados al agronegocio.

 

Pero esto es sólo la punta del iceberg. La transnacional JBS, el frigorífico más grande del mundo, notificado en 2011 por el Ministerio Público Federal (MPF) por comercializar animales criados en la Tierra Indígena Marãiwatsédé, del pueblo Xavante, entregó a los cofres de las campañas electorales 420.000 reales. La empresa Gerdau, cuyo dueño, Jorge Gerdau, obtuvo en 2011 una oficina que queda al lado de la sala de la presidente Dilma Rousseff para asesorar al gobierno, invirtió  160.000 reales.

 

Ya Seara, del grupo internacional Marfrig, de los más destacados en la red del agronegocio, donó 75.000 reales. La Asociación Nacional de la Industria de Armas y Municiones Industria donó 230.000 reales. La holandesa Bunge, gigante mundial del agronegocio fundada en el siglo XIX y que llegó a Brasil en la segunda década del siglo XX, entregó a los diputados del sector 360.000 reales.

 

Se ha transformado en algo común, en el Congreso, que los parlamentarios ruralistas, vinculados a las redes del agronegocio y del latifundio, hagan uso de la palabra en las tribunas de la Cámara y el Senado federales para atacar a las organizaciones indígenas y las ONGs ambientalistas. Las acusaciones son homogéneas y se centran en supuestos intereses oscuros, casi siempre vinculados a grupos internacionales que amenazan la soberanía nacional y el desarrollo del país.

 

El último en vociferar tales acusaciones fue el diputado federal Moreira Mendes (PSD/RO), beneficiado con recursos de la industria de armas, Cosan y JBS. El parlamentario se indignó con un día de combate al PLP 227 en las redes sociales, afirmando que ha recibido más de 200 mensajes acusándolo de querer dar fin al artículo 231 de la Constitución. Llamó a los manifestantes de «pájaros de mal agüero» y se refirió a las organizaciones indígenas y las ONGs como detentores de intereses oscuros. No señaló cuáles serían estos intereses. La senadora Katia Abreu (PSD/TO) también ha adoptado este recurso en su oratoria, en numerosas ocasiones, vinculando las organizaciones indígenas, FUNAI y el MPF como símbolos de tales intereses ocultos.

 

Para los más exaltados, habría incluso motivo para una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para indagar qué o quién está por detrás de la demarcación de las tierras indígenas. Todo vale en el juego de intereses, lejos de ser sólo un juego de las empresas financiadoras de las campañas.

 

El parlamentario Paulo César Quartiero (DEM/RR) uno de los productores de arroz que poseía un área dentro de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, llegó a ser preso por la Policía Federal, acusado de dirigir una emboscada a tiros contra la comunidad indígena.