La actuación tendenciosa del juez Murilo Lemos Simão, en la conducción del proceso y en la presidencia del tribunal de jurado, contribuyó para que José Rodrigues Moreira, autor intelectual del asesinato del matrimonio de extractivistas José Cláudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo Silva fuera absuelto por el jurado con 4 votos sobre 3.
En el interrogatorio de José Rodrigues Moreira, el juez permitió que el reo protagonizara un verdadero espectáculo frente al jurado: de rodillas y sollozando, el acusado usó la Biblia para jurar su inocencia y pedir la bendición especial del juez y de los jurados, los abogados y las personas presentes en el tribunal.
Parecía que se estaba participando de un culto y no de un juicio. La única cosa que el juez hizo fue ofrecer pañuelos para que el acusado se secara las lágrimas. Al final del espectáculo un miembro del jurado se puso a llorar.
De acuerdo con informaciones ya divulgadas por la prensa, especialmente cuando fue avisado por el Ministerio Público (MP) de la reacción del miembro del jurado, hecho que demostraba claramente su parcialidad, el juez respondió al representante del MP que en caso de que este jurado fuera suspendido, él iría a revocar la detención y liberar inmediatamente a los tres acusados.
Frente a la amenaza del juez, el MP rechazó la decisión de pedir la suspensión de este jurado. Por otra parte, durante la sesión el juez tuvo un comportamiento más riguroso con los testimonios y con los abogados de la fiscalía, hecho que no sucedió con los abogados de la defensa.
Durante el proceso de la investigación del crimen, cuando la policía llegó a los nombre de José Rodrigues como el primer acusado por el crimen, fue pedida de inmediato la prisión temporal del acusado, sin embargo el juez Murilo Lemos, negó el pedido de prisión. Después de algunos días de investigación, la policía llegó al nombre de Lindonjonson Silva, hermano de José Rodrigues, como uno de los ejecutores del doble homicidio.
Nuevamente fue requerida la prisión preventiva de José Rodrigues, esta vez junto con Lindonjonson. Pero el juez una vez más se negó al pedido de prisión. Con más pruebas encontradas la policía pidió la prisión de los acusados por tercera vez.
El juez entonces archivó el pedido. Fue necesario que los familiares y los movimientos sociales denunciasen la parcialidad del juez ante la prensa, y en los organismos de derechos humanos y el propio Tribunal intimó al juez a responder en 24 horas. Frente a esta presión de la sociedad y la exigencia del Tribunal fue que el juez decidió entonces decretar la prisión de los acusados.
La parcialidad del juez quedó comprobada en su propia declaración, en el texto de la sentencia final, al afirmar que “el comportamiento de las víctimas contribuyó de cierta manera para el crimen (…) pues intentaban hacer justicia por sus propias manos, utilizando a los ocupantes ilegales, sin tierra, para impedir que José Rodrigues no tomara posesión de una propiedad rural”.
Una afirmación absurda, mentirosa y sin fundamento, pues, de acuerdo con las investigaciones y las pruebas existentes en el proceso y por lo tanto confirmadas por todos los testimonios oídos en el tribunal, fue el acusado José Rodrigues quien compró ilegalmente lotes de tierra en la reserva extractivista donde tres familias ya residían hacía casi un año.
Fue él quien expulsó violentamente a las familias y quemó la casa de uno de ellos. José Claudio y Maria do Espírito Santo denunciaron el caso a las autoridades constituidas dando todo el apoyo para el retorno de las familias a sus lotes.
Fue por esto que José Rodrigues decidió mandar a matar al matrimonio, contratando, a su hermano Lindonjonson Silva Rocha y a Alberto Lopes do Nascimento para la tarea.
Por lo tanto, contrariamente a la afirmación superficial del juez, tergiversando el discurso de los testigos y contrariando las pruebas del proceso, fue el instigador del crimen José Rodrigues Moreira quien dio inicio al conflicto y que decidió hacer justicia con sus propias manos al destruir las pertenencias y expulsar, de forma violenta, a las familias que estaban ocupando los lotes de tierra que el pretendía para sí y mandar a matar al matrimonio.
El juez intenta de forma irresponsable criminalizar a las víctimas y legitimar la acción de los asesinos. Un intento de manchar la historia y la memoria de José Claudio y de Maria do Espírito Santo, matrimonio reconocido internacionalmente por la defensa de los bosques nativos.
Lindonjonson es hermano de José Rodrigues, él y su cómplice aisladamente, no tenían razones particulares para asesinar a la pareja. José Rodrigues confirmó ante la policía y en presencia del juez que tenía en su poder un equipo completo de buceo. El día del crimen, una máscara de buceo fue olvidada en la escena por Lindonjonson.
Realizado el examen de ADN en el cabello encontrado en la máscara, el resultado comprobó que eran compatibles genéticamente con Lindonjonson.
José Rodrigues pagó 100 mil reales (unos 50 mil dólares)* por los lotes de tierra donde ya estaban habitando varias familias, trasladando al área 130 cabezas de ganado. La decisión de la pareja de extractivistas de apoyar a las familias contrarió sus intereses personales, razón por la que pasó a amenazarlos de muerte, coordinando con su hermano Lindonjonson el asesinato de ambos. Por lo tanto, la mayoría de los jurados, al absolver a José Rodrigues, contrarió las pruebas existentes en los autos del proceso.
Es con base en estos fundamentos que la fiscalía pedirá al Tribunal de Justicia del Estado la anulación de la decisión de los jurados que indultaron al autor intelectual del doble homicidio, José Rodrigues Moreira.
3. El juez Murilo absolvió a un hacendado acusado
de mandar matar a un sindicalista en 2012
Según la declaración del pistolero Diego Pereira Marinho, el hacendado Vicente Correia pagó 3 mil reales (1.500 dólares aproximadamente)** para que la dupla asesinara al sindicalista.
La confesión del pistolero fue sustentada en declaraciones realizadas ante la policía civil de Marabá y acompañada por la prensa local. Los dos pistoleros fueron detenidos luego de haber asesinado a otras personas en Marabá.
Según información brindada por la policía, la pareja de sicarios ya ultimó a más de 20 personas en la región. Después de ser preso, Diego prestó nuevas declaraciones ante la policía afirmando que estaba siendo amenazado en la cárcel y que el abogado del terrateniente Vicente Correia le envió un mensaje a través de Valdenir de que si negaba el crimen ante el juez sería recompensado financieramente. Fue lo que hizo posteriormente. Aún con todas estas evidencias, el juez Murilo absolvió al hacendado y a los dos pistoleros.
los Movimientos Sociales firmantes exigen:
-La suspensión del juez Murilo en todos los procesos que tramitan en Marabá y que involucran el asesinato de trabajadores rurales y líderes de movimientos sociales.
Familiares de José Claudio e Maria do Espírito Santo
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará – FETAGRI/ Pará
Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra – MST/ Pará
Comissão Pastoral da Terra – CPT/ Pará
Pastorais Sociais da Diocese de Marabá/Pará
Conselho Nacional das Populações Tradicionais – CNS/Marabá
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Ipixuna
Centro de Estudo e Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular – CEPASP/Marabá
Movimento Humanos Direitos – MhuD/Rio de Janeiro
Terra de Direitos/ Paraná
Rede Social de Justiça e Direitos Humanos/São Paulo
Sociedade Paraense de Direitos Humanos – SDDH/ Pará
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB/Pará
Movimento Debate e Ação – UFPA/ Marabá
Conselho Indigenista Missionário – CIMI/Pará
Fórum Regional de Educação do Campo do Sul e Sudeste do Pará
Colegiado de Licenciatura em Educação do Campo – UFPA/ Marabá
Coordenação do Campus da UFPA/ Marabá
Rede Nacional de Advogados Populares – RENAP
União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação – UITA