Por la inmediata intervención federal en Mato Grosso do Sul

Desde la muerte de Oziel Terena, asesinado por fuerzas policiales durante el cumplimiento de una toma de posesión en la tierra indígena Buriti en mayo de este año, una serie de acontecimientos han puesto en riesgo la seguridad y la vida de las comunidades indígenas en Mato Grosso do Sul.

En su guerra privada contra los pueblos indígenas, los terratenientes se han manifestado de forma cada vez más agresiva en sus discursos y acciones en contra de estos pueblos.

El conflicto, estimulado por las declaraciones violentas y prejuiciosas de los terratenientes y sus representantes en Mato Grosso do Sul, nos obliga a las organizaciones indígenas a hacer pública una vez más la situación urgente y gravísima de los pueblos originarios de esta región, y a exigir una intervención federal inmediata en Mato Grosso do Sul, con el fin de evitar otra tragedia anunciada en Brasil.

En Campo Grande, durante la invasión de la sede de la Fundación Nacional del Indio por parte de 150 productores rurales, el 19 de noviembre, una latifundista gritó, dirigiéndose a los indígenas que se encontraban en el lugar: «¡Se aproxima el día 30 ( … ) y los maldigo a todos ustedes: ¡Mueran. Mueran todos!”, lo que provocó aplausos entre los manifestantes.

El 30 de noviembre es la fecha límite fijada por los productores rurales de Mato Grosso do Sul para que el gobierno solucione los conflictos por la tierra en la región.

Sin embargo, previendo que el Estado no logre presentar una propuesta que efectivamente solucione el problema -y que además favorezca al segmento del agronegocio- los terratenientes, por medio de sus asociaciones, han dado declaraciones como esta en repetidas ocasiones.

«La fecha límite para una solución final es el 30 de noviembre. A partir de entonces, como ya es una tragedia anunciada, los estancieros partirán hacia una confrontación en defensa de sus derechos de propiedad. Y habrá derramamiento de sangre, por desgracia», declaró el vicepresidente de la Asociación de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Jonatan Pereira Barbosa, en el estrado de la Comisión de Reforma Agraria del Senado Federal, el 1 de noviembre, tal como fue anunciado en el sitio web de la entidad.

El presidente de Acrissul, Francisco Maia, el 8 de noviembre, en una reunión con 50 productores rurales en el estado, dijo: «La Constitución garantiza ese derecho de los ciudadanos de defender su propiedad, su vida. Guardia y seguridad cuestan dinero. Para entrar en una batalla necesitamos de recursos. Imaginen que necesitamos de la fuerza de 300 hombres, necesitamos recursos para la movilización«.

En una nueva reunión, el día 12 de noviembre, el vicepresidente de la Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul (Famasul), Nilton Pickler, también manifestó públicamente su apoyo a la posición de Acrissul: “Estamos en una tierra sin ley, donde invadir propiedades no es más un crimen, es necesario que sea tomada alguna actitud«, afirmó.

Las entidades representativas de los productores rurales del estado están organizando para el 7 de diciembre, en Campo Grande, una subasta de animales, commodities, maquinaria y productos donados por los ganaderos de la región, para recaudar fondos para las acciones contra los indígenas.

Bautizaron el evento con el nombre de “Subasta de la Resistencia”. El 19 de noviembre, declararon que ya habían recibido 500 cabezas de ganado en calidad de donación, equivalentes a por lo menos 500 mil reales.

El documento final de la Cuarta Asamblea del Pueblo Terena, con la participación de más de 300 líderes indígenas de toda la región, representando a más de 70 mil indígenas que viven allí, afirmaba que “la tragedia está anunciada en Mato Grosso do Sul (…).

Es pública y notoria la amenaza concreta contra los pueblos indígenas por parte de los grandes productores rurales de esta región”. Para los indígenas, está claro: las «Subastas de la resistencia” anunciadas por los productores rurales “tienen por objetivo financiar las milicias armadas”.

En una carta, los indígenas criticaron al Estado por abandonar las negociaciones, en relación de encontrar soluciones a la cuestión indígena.

“El gobierno federal ha instalado (…) una mesa de diálogo en un intento de resolver la demarcación de nuestros territorios. No obstante, después de varios plazos establecidos por el propio ministro [de Justicia], no hay nada concreto a ser presentado a los pueblos indígenas”.

Las comunidades Terena, Guarani-Kaiowá, Guarani Ñandeva, Kinikinauy Kadiwéu, en lucha para asegurar sus territorios tradicionales, han informado y denunciado a la Policía Federal, Funai y MPF innumerables casos de ataques con armas, invasiones, actos de intimidación y amenazas de muerte sufridas por los pueblos indígenas en el último período. Sin embargo, hasta la fecha, no se está ofreciendo a estos pueblos ninguna seguridad permanente.

Los indígenas conocen muy bien el trabajo de seguridad privada que los terratenientes pretenden ampliar en la región.

En el contexto del conflicto que involucra a indígenas y estancieros, en noviembre de 2011, la empresa de seguridad privada Gaspem, que proveía -y todavía provee – servicios a los propietarios de tierras que invaden los territorios indígenas tradicionales, fue acusada de haber participado en la muerte del rezador Guaraní-kaiowá Nizio Gome, en su tekoha Guaiviry, en Aral Moreira.

En la denuncia, el Ministerio Público Federal de Mato Grosso do Sul (MPF- MS) clasifica las actividades de la empresa como una “milicia privada”, exigiendo la suspensión de las actividades de la empresa. En consecuencia, siete personas fueron detenidas, según informó el MPF.

Los periódicos y las redes de televisión locales también han asociado el término “milicias armadas” al discurso de los productores rurales, también conocidos como ruralistas, con relación a la subasta y las amenazas del 30 de noviembre. Agencias internacionales de noticias clasifican el caso como “ conflicto sangriento (…) con características de guerra por el territorio”.

Es público y notorio que, en Mato Grosso do Sul, los estancieros están organizando fuerzas paramilitares para amenazar las vidas de las colectividades y en contra del Estado de derecho en Brasil.

La «resistencia» de los terratenientes es contraria a la demarcación de las tierras indígenas. Es contraria a la realización de informes y pericias por parte de la Funai.

Está en contra de la organización política de los indígenas, que avanzan en la retomada de sus territorios tradicionales, frente a la morosidad del Estado y de la Justicia, de toda la violencia que han sufrido, de manos de las fuerzas policiales estatales y federales, y de las guardias de seguridad privada “legales” o ilegales que actúan en la región. La llamada “resistencia” es, en sentido estricto, en contra de la vida de estas personas.

A la luz de esta situación, que no es más que la extensión de un agresivo proceso histórico de desposesión violenta, confinamiento y exterminio de los pueblos indígenas de su región, las organizaciones abajo firmantes exigen de la presidenta Dilma Roussef una intervención federal inmediata en el estado de Mato Grosso do Sul.

El poder público puede y debe evitar esta “tragedia anunciada”, repetición sistemática del genocidio contra los pueblos indígenas. Y esto se debe hacer ahora.

El reconocimiento y la demarcación de las tierras indígenas es la verdadera solución a la situación existente en Mato Grosso do Sul.