Sindicatos resisten privatización del agua
Sindicatos resisten privatización del agua
«Acceder al agua es un derecho humano innegociable»
Foto: Rel-UITA
Sindicatos y organizaciones sociales y políticas de Honduras interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra un acuerdo entre el Estado y un banco privado que apunta a privatizar el agua.
El proyecto de privatización del gobierno se viene llevando a cabo mediante una serie de artilugios.
En primer lugar, a fines de marzo el Estado, a través de Coalianza, la Comisión la Promoción de la Alianza Público Privada, un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, acordó con el banco FICOHSA un fideicomiso por el cual la institución financiera entregaría a un tercero los servicios de distribución del agua.
La resistencia social y política a ese proyecto fue enorme.
El 24 de abril los diputados opositores Doris Gutiérrez y Boris Espinal Ponce, apoyados por las Juntas de Agua y los sindicatos SITRASANAAYS y STIBYS, presentaron ante el Congreso un proyecto de derogación del decreto que había creado el fideicomiso.
Extrañamente, dicen las dos organizaciones gremiales en un comunicado conjunto, poco después se difundió en los medios de comunicación la noticia de que FICOHSA había renunciado el 4 de abril al fideicomiso.
Pero esa renuncia, sostienen ambos sindicatos, integrantes del Frente Nacional Popular de Resistencia, suena más bien a una jugada táctica del banco para, en acuerdo con el gobierno de Juan Orlando Hernández, hacerse del contrato en una segunda instancia.
“FICOHSA nos quiere hacer la pasada del tonto”, dicen.
La idea de FICOHSA sería esperar a que en el parlamento se apruebe una ley marco que municipalizaría los servicios de agua y que le permitiría volver a la carga por la firma de otro fideicomiso con el Estado en nuevas condiciones, más ventajosas para sus intereses.
El decreto que instaura el fideicomiso establece que “los sistemas actualmente a cargo del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y los bienes directamente afectados a su prestación serán transferidos gradualmente a las municipalidades correspondientes”.
SITRASANAAYS y STIBYS consideran que los planes privatizadores del gobierno atentan contra la Constitución de Honduras y los convenios internacionales firmados por el país y ratifican que el acceso al agua debe ser asegurado por el Estado.
“No puede estar en manos de una empresa privada, que sólo busca el lucro. El acceso universal al agua es un derecho humano básico inalienable, al que no renunciaremos nunca”, dijo un dirigente del SITRASANAAYS, el Sindicato de Trabajadores del SANAA y Similares.