La policía desaloja a 300 Ava guaraní
y quema sus casas
Un nuevo despojo a los pueblos indígenas
Foto: fapi.org.py
Más de 300 policías destruyeron la semana pasada las viviendas y las pertenencias de decenas de indígenas Ava guaraní, sin orden judicial alguna, a pedido de un extranjero propietario de una estancia. No había pasado algo así ni siquiera en tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner. Hasta el templo sagrado de los indígenas fue quemado.
Los integrantes de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) la emprendieron luego contra las casas de palos y ramas de los Ava guaraní, en pleno bosque.
Respondían únicamente a la orden dada por un estanciero que presentó títulos de propiedad de unas tierras que por derecho ocupaban los indígenas, como lo manda la propia Constitución de Paraguay.
El artículo 64 del capítulo quinto de esa carta lo dice muy claramente: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y desarrollo de sus formas peculiares de vida”.
Dice también que “el Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras”, que éstas serán “inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles”, y en especial que “se prohíbe la remoción y el traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los indígenas”.
Un extranjero con un papel firmado por no sé qué autoridad se burló de esto e hizo expulsar a los indígenas.
El gobierno del presidente Horacio Cartes nada hizo, como tampoco hubo reacciones del presidente del Congreso, de los legisladores ni de la Corte Superior de Justicia.
¿Y la ciudadanía? ¿Nada hará la ciudadanía para proteger a los indígenas despojados?