A pesar de que la legislación laboral ecuatoriana exige que en las empresas deben existir comités de Higiene y Seguridad y de que en la planta de Nestlé en Guayaquil hay uno que teóricamente funciona, son muy pocas las reuniones que realiza.

Siempre los representantes de la empresa ponen excusas para no asistir, se retiran antes de concluir la reunión o simplemente plantean que se traslade para otra fecha, dejando en evidencia que para ellos la seguridad de los trabajadores pasa a un segundo plano.

Electricista con más de nueve años de antigüedad en Nestlé, Pablo sufrió dos accidentes dentro de la empresa.

En virtud de la gravedad del último, la entidad estatal de riesgos del trabajo lo calificó como accidente de índole laboral, con responsabilidad patronal por Inobservancia de medidas de seguridad.

La empresa impugnó las cuatro resoluciones del dictamen de la institución alegando que no acepta su responsabilidad a pesar de que todas las instancias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) así lo han decidido.

Incapacitado en 51 por ciento

Como resultado final del caso, el IESS procedió a indemnizar a Santana por el tiempo de la incapacidad, observando además que no puede estar mucho tiempo parado o sentado ni estar subiendo y bajando escaleras.

Tampoco puede permanecer en áreas con mucho frio o mucho calor por la prótesis que tiene en la rodilla derecha.

El trabajador ha debido operarse tres veces.

El primer accidente que padeció, a raíz de una caída, en febrero de 2018, le había dejado un trastorno del muslo izquierdo y la rotura del aductor mayor. Padece también de hernias discales.

Pablo Santana ha quedado con una discapacidad física de 51 por ciento, con tratamiento médico y terapias de carácter permanente.

Aunque la empresa le cubre esos tratamientos, lo obliga a presentar las facturas de los gastos incurridos para proceder con el reembolso, lo que le ocasiona dificultades por su falta de liquidez.

El mundo al revés

El colmo de todo esto es que nuestro compañero está siendo demandado por Nestlé por “negligencia”, por no caminar por los lugares señalados por la empresa, aunque hay videos que demuestran todo lo contrario.

La compañía ha demandado igualmente al propio instituto estatal.

La transnacional rechaza todos los pronunciamientos en su contra del IEES con el fin de “defenderse” ante las evidentes precariedades de sus equipos de seguridad, que contrarían las propias directrices emanadas de la casa matriz de Nestlé en Suiza.

También los rechaza para no indemnizar ni pagarle una pensión permanente al compañero Pablo.

Evalúa asimismo que sus influencias políticas en el gobierno de Daniel Noboa y su presión sobre la justicia terminarán jugando a su favor.

Pablo Santana carece de recursos y por supuesto de posibilidades de hacerle frente a esta absurda demanda.

Cuenta, eso sí, con el respaldo indeclinable de la Felatran y la Rel UITA para sensibilizar a la opinión pública internacional y revertir esta situación donde la víctima es revictimizada por la indolencia y la irresponsabilidad de Nestlé.