El caso fue denunciado oportunamente por el Sindicato de Trabajadores (SITRACONSTA) y la Rel UITA, y tiene que ver con el uso del polígrafo (un supuesto detector de mentiras) y despidos sin derecho a indemnización.

Sobre esto hablamos con Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de Brasil, activista, referente y asesor de la Regional en la materia.

“Estas prácticas constituyen graves violaciones a la privacidad y a la integridad física, lo que genera fuertes cuestionamientos sobre la utilización de métodos incompatibles con el respeto a los derechos humanos. Este tipo de conductas exceden ampliamente los límites legales de las relaciones laborales” evalúa Krischke.

En el ámbito del trabajo, cualquier falta atribuida a empleados debe ser tratada mediante mecanismos formales, legalmente establecidos y en comunicación con la organización sindical.

“Prácticas que impliquen coerción, control sobre el cuerpo o vulneración de la intimidad no solo representan un abuso de poder, sino también una violación directa a la dignidad humana”, afirma.

Este escenario adquiere mayor relevancia cuando se analiza desde una perspectiva histórica.

En Brasil, durante la dictadura militar, investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de la Verdad y del propio MJDH evidenciaron la colaboración entre empresas y el aparato represivo estatal.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Volkswagen, que reconoció su responsabilidad en violaciones contra trabajadores y alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público del Trabajo, incluyendo medidas de reparación para las víctimas.

“Estos antecedentes demuestran que la relación entre intereses empresariales y prácticas represivas no es meramente hipotética, sino un hecho históricamente documentado”.

“Por ello, denuncias como la que involucra a La Constancia no deben ser minimizadas. Por el contrario, requieren investigaciones rigurosas, transparencia y, en caso de confirmarse, la correspondiente rendición de cuentas”, subraya.

La repetición de prácticas que atenten contra la integridad física, psíquica y moral de los trabajadores resulta inadmisible y constituye un retroceso frente a los avances históricos en materia de derechos humanos.

“La memoria histórica, en este sentido, no puede separarse del presente: debe funcionar como una advertencia permanente para evitar que violaciones del pasado vuelvan a reproducirse, bajo cualquier forma, en las relaciones laborales actuales”, concluye Krischke.