Turismo en Andalucía
Los salarios no acompañan la escalada de precios del sector de la hostelería en Andalucía, y la consecuencia es evidente: pérdida de poder adquisitivo, dificultades de acceso a la vivienda y aumento de las desigualdades, escribe en esta columna el ex dirigente de Comisiones Obreras del sector de Hostelería y Turismo Gonzalo Fuentes.
Gonzalo Fuentes
6 | 5 | 2026
El turismo sigue batiendo récords en Andalucía, pero la pregunta clave ya no es cuántos visitantes llegan, sino a quién beneficia realmente este modelo.
El sector funciona y funciona bien si se mira desde las cifras macroeconómicas.
El visitante internacional continúa eligiendo España y Andalucía, incluso en un contexto de fuerte subida de precios.
Entre 2021 y 2025, las tarifas hoteleras han aumentado en torno a un 50 por ciento, mientras que la restauración ha encarecido sus precios muy por encima del IPC. Y, aun así, la demanda no se resiente.
También han fallado los pronósticos más pesimistas.
A pesar de las advertencias de empresarios y de la Junta de Andalucía sobre un mal inicio de 2026 marcado por la interrupción del tren AVE a Málaga por una incidencia en Álora, la realidad ha sido muy distinta.
El primer trimestre ha cerrado con un crecimiento significativo de la actividad turística y con una rentabilidad hotelera cercana al 6 por ciento.
La Semana Santa, que algunos daban por perdida, ha vuelto a demostrar la fortaleza del destino Andalucía, consolidando la previsión de otro año récord, como ya lo fue 2025 en términos de beneficios empresariales.
Pero frente a esta narrativa de éxito hay una realidad que no aparece en los balances: Andalucía se está convirtiendo en un destino cada vez más inaccesible para los propios andaluces.
El turismo crece, sí, pero lo hace expulsando a una parte de la población de su propio territorio, tanto para viajar como para vivir.
El modelo turístico andaluz está claramente orientado hacia fuera, pero empieza a fracturarse hacia dentro.
Para los trabajadores del sector, se evidencia una caída del poder adquisitivo de sus salarios y grandes dificultades para acceder a una vivienda. Las desigualdades, a su vez, aumentan.
Y aquí es donde entra la responsabilidad política.
La Junta de Andalucía no puede seguir instalada en la autocomplacencia de los récords mientras ignora los efectos sociales del modelo.
En los últimos años se ha debilitado de forma evidente la concertación social, una herramienta clave para equilibrar intereses y construir políticas sostenibles.
La Mesa de Turismo de Andalucía ha perdido peso real, y el diálogo con sindicatos ha sido sustituido por dinámicas unilaterales o, en el mejor de los casos, por consultas sin impacto efectivo.
No es un problema menor. Es una forma de gobernar.
Un ejemplo claro es la falta de una regulación eficaz de las viviendas turísticas. Andalucía lidera el número de estos alojamientos, y Málaga se sitúa a la cabeza con más de 48.000.
Este crecimiento descontrolado está directamente vinculado al encarecimiento de la vivienda y a la expulsión de residentes de barrios enteros. Sin embargo, la respuesta normativa ha sido claramente insuficiente.
Lo mismo ocurre con la tasa turística.
Mientras otras comunidades, como Baleares o Cataluña, han entendido que el turismo debe contribuir a sostener los servicios públicos que utiliza, Andalucía sigue bloqueando este debate por motivos ideológicos, renunciando a una herramienta clave de redistribución.
En el ámbito laboral, el balance tampoco invita al optimismo. La modernización del sector se está quedando en discursos.
Medidas básicas para mejorar las condiciones de trabajo como camas elevables o carros motorizados para camareras de piso siguen sin implantarse de forma generalizada.
La competitividad no puede seguir construyéndose sobre el desgaste físico de las trabajadoras.
El problema, en el fondo, no es el turismo. El problema es el modelo.
Un modelo que prioriza el volumen y la rentabilidad a corto plazo frente al equilibrio social y territorial. Un modelo que genera riqueza, pero no garantiza su reparto. Un modelo que tensiona servicios públicos ya de por sí debilitados en ámbitos como la sanidad, la educación o la vivienda.
Andalucía no puede permitirse seguir creciendo a cualquier precio.
El debate no es si el turismo debe seguir siendo un motor económico lo es y lo seguirá siendo, sino bajo qué condiciones y con qué límites.
Gobernar no es celebrar récords; es anticipar problemas y corregir desequilibrios.
Hoy, más que nunca, es necesario recuperar el diálogo social real, reforzar la regulación y apostar por un modelo turístico que no solo sea rentable, sino también justo. Porque si el éxito turístico no se traduce en bienestar para la mayoría, deja de ser un éxito y pasa a ser un problema.
