Andalucía es la comunidad con menos gasto en personal sanitario de España. No es casualidad, es una decisión política. Cuando se debilita lo público, la factura la pagamos todos, escribe el autor de esta nota.

La crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía no es un problema puntual: es el síntoma más visible del deterioro de la Sanidad Pública tras siete años de gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.

La apuesta del Partido Popular (PP) por la privatización ha dejado el sistema en los huesos y ha convertido el derecho a la salud en un negocio.

Lo que está ocurriendo con los cribados de cáncer de mama es solo la punta del iceberg.

Después de siete años al frente de la Junta, Moreno Bonilla ha reconocido que “algo ha fallado”. Y tiene razón, pero el fallo no está en los profesionales ni en la gestión diaria: el error ha sido entregar la sanidad pública andaluza a manos privadas.

Los andaluces y andaluzas llevan años soportando las consecuencias: retrasos en los diagnósticos, listas de espera quirúrgicas que desesperan, ambulatorios saturados y profesionales exhaustos.

Detrás de cada demora hay sufrimiento, miedo y angustia. Y mientras tanto, la Junta responde con promesas vacías y excusas que ya nadie cree.

Resulta indignante que ahora el PP pida no “politizar” la sanidad, cuando fue el propio Moreno Bonilla quien llegó al poder en 2018 pactando con Vox y prometiendo acabar con los recortes del PSOE.

Siete años después, la sanidad andaluza está más deteriorada que nunca, con miles de millones desviados a empresas privadas a través de conciertos y contratos opacos.

Lo que vivimos hoy no es una excepción: es el resultado de un modelo ideológico que busca debilitar lo público para fortalecer el negocio privado. Es el ADN del PP. Lo vemos también en la educación, la dependencia, las universidades.

En definitiva, en todo lo que antes era patrimonio común y ahora se convierte en oportunidad de negocio.

La Junta intenta maquillar la situación con nuevos “planes de choque” y promesas de contratar 700 radiólogos. Pero es puro humo: muchos de esos profesionales se marcharon porque los tuvieron años en la precariedad, con contratos temporales o despidiéndolos tras la pandemia.

Nada cambiará mientras no se corte el cordón umbilical que desvía dinero público hacia las clínicas privadas.

Andalucía es la comunidad con menos gasto en personal sanitario de España.

Los datos son demoledores: en 2023, 3.252 enfermeros formados en Andalucía se marcharon a otras comunidades; en 2024 lo hicieron 1.937 más.

Mientras tanto, el negocio privado crece a toda velocidad: un 3,7 por ciento más de asegurados cada año y un 6,5 por ciento más en volumen de primas. Desde 2018, los seguros médicos han aumentado un 25 por ciento, y la inversión pública en conciertos sanitarios un 38 por ciento.

Hoy, uno de cada cinco andaluces tiene seguro privado. En Málaga, casi la mitad de los médicos colegiados trabajan en la sanidad privada o compaginan ambos sistemas. Con estos datos, no hay forma de cubrir el déficit de especialistas ni de sostener una sanidad pública de calidad.

La conclusión es clara: Moreno Bonilla está engordando la sanidad privada con dinero público mientras deja morir a la pública. Ha hecho de la salud un negocio y del sufrimiento ciudadano una oportunidad para las grandes empresas del sector.

Por eso, la denuncia presentada por la asociación Defensor del Paciente ante la Fiscalía es más que necesaria. Alguien debe rendir cuentas. Porque cuando se destruye la sanidad pública, no se comete solo un error político: se comete una injusticia social.

Moreno Bonilla debe asumir su responsabilidad. Porque en Andalucía la salud no puede depender del dinero que tengas en el bolsillo. Y los andaluces, más pronto que tarde, le pasarán factura en las urnas.