En la elección realizada en la Universidad de San Carlos, Porras recibió cero votos. Ni uno. Afuera, numerosos ciudadanos gritaban que no la querían en la máxima instancia constitucional. Adentro, el silencio de las papeletas fue más elocuente que cualquier consigna.

La figura de Porras ya estaba erosionada. En 2021 fue incluida por Estados Unidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos por obstruir investigaciones de corrupción. Luego, alrededor de 40 países adoptaron sanciones en su contra. Desde la llegada al poder del presidente Bernardo Arévalo, la confrontación fue abierta: el mandatario la acusó de intentar obstaculizar la transición democrática e incluso de fraguar un fallido golpe institucional. Más de un centenar de operadores de justicia, periodistas y activistas han salido al exilio denunciando persecución del Ministerio Público.

Horas antes de la votación, varios expertos vinculados a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos habían lanzado desde Ginebra una advertencia inquietante: información recibida por el sistema de procedimientos especiales vincula a Porras con adopciones ilegales de al menos 80 niños y niñas indígenas durante los años más crudos del conflicto armado (1960-1996). La relatora de la ONU sobre independencia judicial pidió una investigación independiente y exhaustiva sobre su papel como tutora legal del Hogar Temporal Elisa Martínez en 1982.

La fiscal Porras rechazó las acusaciones y las calificó de espurias. Pero el eco fue inmediato. La Procuraduría General de la Nación anunció acciones para que los tribunales investiguen y solicitó constituirse como parte querellante. El diputado José Chic presentó una denuncia penal y pidió incluso medidas para impedir que la funcionaria abandone el país mientras se esclarecen los hechos. El tablero comenzó a moverse.

No se trata de una acusación aislada en el tiempo. Entre 2009 y 2013, la ya extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala documentó más de 700 casos de adopciones irregulares ocurridas entre los años 80 y los 2000. Según fuentes vinculadas a aquellas investigaciones, los expedientes fueron trasladados al Ministerio Público. Con el paso de los años, la unidad especializada que debía profundizar en esos casos quedó reducida a su mínima expresión por obra de Porras.

El contexto es brutal. Durante el conflicto armado varias comunidades indígenas fueron arrasadas, las mujeres fueron violadas sistemáticamente y numerosas familias fueron desmembradas. En ese paisaje de terror emergió una red compleja de apropiación y venta de niños. Militares, jueces, notarios, funcionarios judiciales y casas cuna clandestinas formaban parte de una estructura que convertía el despojo en mercancía. Europa y Estados Unidos fueron destinos frecuentes. Los precios variaban según edad, sexo o color de piel; llegaron a pagarse hasta 60.000 dólares por un niño.

Por ser directiva del Hogar Temporal Elisa Martínez, Consuelo Porras ocupaba el rol de “tutora legal” de esos niños e implicaba autorizar adopciones de menores bajo custodia estatal. La pregunta que hoy formula Naciones Unidas no es menor: ¿se realizaron esas autorizaciones en un entramado de ilegalidades sistemáticas? ¿Fue el Estado garante o facilitador? La investigación, si avanza, no solo examinará decisiones administrativas de hace cuatro décadas, sino que pondrá bajo la lupa una arquitectura de impunidad que sobrevivió al fin de la guerra.

Su mandato como fiscal general concluirá en mayo próximo. Sin un nuevo cargo perderá la inmunidad. Aún así, podría buscar respaldo en el Congreso o en la Corte Suprema, pero el clima ha cambiado. La derrota en la Universidad de San Carlos mostró que el blindaje ya no es inexpugnable.

Guatemala arrastra deudas profundas con las víctimas del conflicto. Las adopciones ilegales han sido una herida menos visible que las masacres, pero igual de devastadora: niños despojados de su identidad, familias que aún buscan, comunidades que cargan con la ausencia. Si la investigación prospera, no será solo el destino de una funcionaria lo que esté en juego, será la posibilidad —siempre postergada— de que el país enfrente la trama de complicidades que convirtió el dolor de la guerra en negocio.

El caso de Consuelo Porras es hoy el espejo incómodo donde Guatemala debe decidir si mira de frente su pasado o vuelve a cerrar los ojos.