en el Bajo Aguán
Una vez más, la tierra del Bajo Aguán se tiñe de la sangre de quienes la protegen y la defienden. La noche del 14 de septiembre, Juan López, defensor ambientalista y luchador contra la expansión minera, fue interceptado por unos desconocidos motorizados que lo ultimaron de varios balazos.
Giorgio Trucchi
16 | 9 | 2024
Juan López | Foto: Comité Municipal de bienes públicos y comunes de Tocoa
López, regidor¹ de la Alcaldía de Tocoa e integrante del Comité municipal de bienes públicos y comunes de esa localidad, estuvo luchando arduamente contra políticas y proyectos extractivistas, especialmente contra el megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares (Grupo EMCO) /Inversiones Ecotek.
Al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente a lo largo de los años por defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, cuya zona núcleo está siendo amenazada por dicha empresa.
En esta zona nacen alrededor de 34 fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades. En especial los ríos Guapinol y San Pedro son los que están sufriendo los principales impactos.
Los holdings que administran Inversiones Los Pinares son controlados por Lenir Pérez Solís y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso y ya fallecido terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum, quien estuvo involucrado en un grave conflicto agrario que costó la vida a decenas de campesinos organizados.
En los últimos años, Juan López fue repetidamente amenazado, tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) decidió otorgarle medidas cautelares, que fueron sistemáticamente desatendidas por las autoridades hondureñas.
Paradójicamente, el defensor de la tierra y los bienes comunes fue quien sufrió una descarada embestida judicial por los supuestos delitos de usurpación, daños, incendio agravado. También estuvo preso durante varios meses.
La lucha contra el megaproyecto minero de Los Pinares/Ecotek lo llevó a enfrentarse al actual alcalde de Tocoa, Adán Funez. En varias ocasiones, López y el Comité municipal de bienes públicos y comunes de Tocoa habían pedido su renuncia por el apoyo incondicional que le brindaba a la empresa minera.
Asimismo, lo acusaban de manipular descaradamente los cabildos abiertos organizados para que la población expresara su rechazo al megaproyecto, así como de tener supuestos vínculos con el crimen organizado.
Inmediato, masivo y unánime fue el rechazo de organizaciones nacionales e internacionales al asesinato. La presidenta Xiomara Castro repudió el crimen y ordenó que se utilice “toda la capacidad de las fuerzas del orden para esclarecer esta tragedia e identificar a los responsables”.
Por su parte, la Oacnudh condenó el asesinato de Juan López y llamó al Estado hondureño a “realizar una investigación pronta e imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables.
El crimen se da pocos días después que el más reciente informe de Global Witness sobre el asesinato de personas defensoras de la tierra y los bienes comunes en el mundo, ratificara a Honduras como el país más letal en cuanto a homicidios per cápita.
El año pasado fueron 18 los defensores asesinados en total impunidad.
El Bajo Aguán sigue sangrando, una herida que nunca sana.