En noviembre de 2024, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras resolvió confirmar las sentencias emitidas contra siete de los ocho responsables del asesinato¹ con penas de entre 30 y 50 años de prisión.

David Castillo, coautor del crimen, ex presidente de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa) y ex miembro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas hondureñas, fue condenado a 22 años y 6 meses, sumando también 5 años más por fraude relacionado con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Pese a ese importante avance, el equipo de acusación privada, familiares de la defensora de derechos humanos y el Copinh² siguen exigiendo captura y castigo para los autores intelectuales.

Hasta el momento, sólo hay requerimiento fiscal contra Daniel Atala Midence, ex gerente financiero de Desa, quien sigue prófugo de la justicia.

El GIEI se instaló en Honduras el 14 de febrero de 2025, como resultado de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), el Estado de Honduras, el Copinh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Casi un año después, su informe revela que “la irrupción armada que terminó con la vida de Berta Cáceres no fue un hecho fortuito, ni un acto de violencia común, sino la culminación de un proceso prolongado de persecución, vigilancia, criminalización y violencia contra la lideresa indígena”.

También explica que existe una conexión directa entre el asesinato y la defensa del territorio Lenca frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, “en un contexto caracterizado por la concentración de poder económico y una institucionalidad cooptada por intereses privados”.

Entre los principales hallazgos, los tres expertos³ que integran el GIEI señalan que el asesinato de Berta Cáceres fue algo previsible y prevenible, y que “las autoridades no activaron mecanismos de prevención, no ampliaron interceptaciones, ni ejecutaron detenciones oportunas”.

La inacción frente a un ‘hallazgo inevitable’ –continúan– constituye “una violación grave del deber de debida diligencia”.

Además, se comprobaron “obstaculizaciones deliberadas de la investigación criminal y omisiones estructurales que impidieron una investigación completa”, advierte el informe.

El GIEI determina también que el crimen fue precedido “por múltiples operaciones de inteligencia ilegal, seguimiento sistemático y planificación logística” y que fue financiado con recursos provenientes del proyecto hidroeléctrico, desembolsados por bancos internacionales de desarrollo (BCIE y FMO)⁴, y desviados de su finalidad original.

De un total de 18,5 millones de dólares, el 67 por ciento (casi 12,5 millones) fueron desviados o manejados de forma irregular para pagar a los sicarios y costear la logística previa y posterior al asesinato.

Por eso, los tres expertos definen el ataque mortal contra Cáceres como un crimen empresarial, financiero y político “perpetrado mediante una arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional, estructuras de seguridad, corrupción institucional y graves omisiones estatales”.

En la cúspide de la estructura criminal, el GIEI ubica a los accionistas mayoritarios del proyecto Agua Zarca, quienes desempeñan cargos directivos en empresas vinculadas al proyecto y en instituciones bancarias: José Eduardo, Pedro y Jacobo Atala Zablah y a Daniel Atala Midence.

También pone en el banquillo de los acusados a BCIE y FMO, ya que desembolsaron fondos a Desa “con conocimiento de la situación de violencia ya generado por el proyecto y de la inexistencia de un proceso válido de consulta previa”.

Con este dinero, la estructura criminal “pagó informantes, estructuras parapoliciales y logística represiva, funcionarios públicos y exfuncionarios. También cooptó autoridades ambientales, municipales y de seguridad, manipuló la narrativa pública mediante pagos a periodistas y medios, utilizó auditorías y consultorías para legitimar un proyecto inviable e ilegal”, sentencia el GIEI.

Finalmente, los expertos independientes recomendaron al Estado de Honduras echar a andar un plan de reparación y justicia integral para las víctimas (familiares, Copinh y comunidad lenca de Río Blanco), que incluye el cierre definitivo de Agua Zarca, recuperación del territorio ancestral, disolución de Desa.

¹ Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edison Duarte (autores materiales), Sergio Rodríguez (autor por inducción) y David Castillo (coautor).
² Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh).
³ Roxanna Altholz, Pedro Biscay, Ricardo Guzmán.
⁴ Banco Centroamericano de Integración Económica y Banco de Desarrollo de los Países Bajos.