Sneider Centeno, Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.
Los cuatro fueron secuestrados de sus casas por hombres fuertemente armados y con uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
A inicios de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) exigió al Estado de Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes líderes comunitarios.
También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los integrantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, coordinando con ellos las medidas de protección.
Finalmente, la CorteIDH ordenó en dos ocasiones al Estado de Honduras presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.
Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas “establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas”.
Tres meses después, las respuestas de las autoridades hondureñas ante las exigencias de las familias, la comunidad y las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos han sido insignificantes.
“Denunciamos y condenamos el silencio criminal y cómplice del Estado de Honduras, que ha negado a las familias el acceso a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso.
Exigimos la conformación de un equipo de investigación multidisciplinario para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos, y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad”, se lee en el más reciente comunicado de Ofraneh1.
Para la organización hondureña, tanto la desaparición forzada de los jóvenes como la ola de asesinatos que han enlutado al pueblo garífuna en los últimos años, están relacionados con el expolio de territorios ancestrales y con la lucha comunitaria de resistencia al extractivismo.
“Como Ofraneh estamos convencidos que detrás de todos estos ataques están los intereses de grupos y personas con mucho poder económico y político, interesados en controlar y manejar los territorios garífunas.
Quieren desalojarnos para adueñarse de nuestras tierras. Sobre la Bahía de Tela hay grandes intereses. Son territorios codiciados y la sentencia de la CorteIDH afecta a gente poderosa, que pretende negar a las comunidades lo que les corresponde ancestralmente”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh.
Foto: Ofraneh
La lideresa garífuna se refiere al fallo a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, emitido por la CorteIDH en 2015.
En aquella ocasión, los jueces ordenaron al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a la comunidad, en dominio pleno y en garantía de ocupación.
Buena parte de estas tierras han sido usurpadas por empresarios y grupos de poder con el objetivo de desarrollar megaproyectos turísticos y expandir el cultivo de palma africana y otros cultivos.
Cinco años después, el Estado sigue negándose a cumplir la sentencia y la organización garífuna no ha dejado de exigir su cumplimiento.
La Ofraneh hizo también un llamado a la solidaridad internacional y pidió a las organizaciones amigas “continuar las acciones de presiones internacionales”, para que el gobierno “asuma su responsabilidad de devolver a los jóvenes desparecidos forzosamente y detener el plan genocida contra el pueblo Garífuna”.
En Managua, Giorgio Trucchi | Rel UITA
1- https://bit.ly/3knJnMI
