Las elecciones generales en Honduras tuvieron lugar el 26 de noviembre de 2017. En el período previo a la jornada electoral, amplios sectores de la población cuestionaron la credibilidad del sistema y el proceso electoral.
La suspensión por parte de la Corte Suprema de la cláusula constitucional que limita el número de mandatos presidenciales a uno, y la consiguiente candidatura del presidente [Juan] Hernández a un segundo mandato, también provocaron descontento.
Los prolongados retrasos y alegaciones de irregularidades en el recuento de los votos de las elecciones presidenciales dieron lugar a denuncias de fraude y, a partir del 29 de noviembre de 2017, se desencadenó una ola de protestas en todo el país, en la que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejercieron labores de mantenimiento del orden público.
Aduciendo que se habían producido actos de violencia y saqueos, el 1 de diciembre de 2017 el presidente declaró el estado de excepción, estableciendo un toque de queda por un período de 10 días.
(…) El análisis realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos.
Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes.
Al momento de finalización de este informe, el 27 de enero, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía.
Al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego.
Además, la OACNUDH observó que se produjeron detenciones masivas y que al menos 1.351 personas habían sido detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre por violar el toque de queda.
La OACNUDH también recibió denuncias múltiples y creíbles de malos tratos en el momento de la detención o durante la detención.
También recibió denuncias de allanamientos ilegales de viviendas llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad.
Otro motivo de preocupación durante el período examinado es el aumento de las amenazas e intimidaciones contra periodistas, colaboradores de los medios de comunicación y activistas sociales y políticos.
La OACNUDH observó que algunas de las protestas degeneraron en violencia, con personas que cometieron actos criminales tipificados en el Código Penal.
Algunas personas han sido ya judicializadas por su presunta participación en tales hechos.
Sin embargo, al 27 de enero, según la información recolectada no se habían aún presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes violentas y lesiones ocurridas durante la dispersión de las protestas o las posteriores operaciones
Además, 13 de las 15 muertes violentas de candidatos partidarios, consejeros municipales y activistas ocurridos antes de las elecciones, permanecen aún bajo investigación, y sólo en dos casos se presentaron cargos.
Las violaciones a los derechos humanos descritas en este informe se han producido en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009, y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social.
NdE: los intertítulos y destacados son de La Rel