Honduras
Ante la nueva ola de asesinatos de obreros agrícolas en el Bajo Aguán
La mañana del 21 de mayo, veinte obreros agrícolas, entre ellos dos adolescentes de 14 y 16 años y tres hermanas de 28, 30 y 33 años, fueron brutalmente asesinados en las inmediaciones de la aldea de Rigores, departamento de Colón.
Fueron emboscados mientras iban a trabajar en la plantación de palma africana Paso Aguán. Unos días antes, habían denunciado la irrupción violenta de agentes policiales que destruyeron y prendieron fuego a electrodomésticos, enseres del hogar y pequeñas tiendas.
Este criminal ataque que ha enlutado una vez más a las familias campesinas del Bajo Aguán se enmarca en un contexto de conflicto agrario que, en los últimos 15 años, ha dejado un saldo de más de cien campesinos asesinados y el desalojo y desplazamiento forzado y violento de miles de familias de tierras que son de reforma agraria.
La represión, la estigmatización y la criminalización sistemática del movimiento campesino organizado han acompañado las prácticas violentas de un Estado coludido con los intereses del gran capital agroindustrial nacional y transnacional, contra quienes vienen exigiendo su derecho legítimo a tener acceso a la tierra y a vivir una vida digna.
La reciente aprobación en el Congreso Nacional de reformas al código penal que endurecen las penas contra la extorsión, la usurpación − herramienta privilegiada para judicializar al movimiento campesino− y redefinen el delito de “asociación con fines terroristas” dejan la puerta abierta a interpretaciones extensivas que podrían utilizarse contra sectores sociales que ejercen el derecho legítimo a la protesta pacífica.
Bajo el pretexto de la lucha contra la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico, el nuevo gobierno ha anunciado un nuevo plan de militarización del Valle del Aguán.
La experiencia del pasado ha demostrado que, a más militarización, más violencia, más muertes y ninguna solución real a la grave problemática que aflige a la población.
Las organizaciones campesinas denuncian que detrás de las masacres y la ola de violencia que está embistiendo el Aguán se ocultan los intereses de las empresas agroindustriales nacionales, del capital transnacional y del crimen organizado, así como de la política y las instituciones coludidas con dichos intereses.
En este sentido, generar las condiciones para que se dé más violencia se convierte en herramienta para justificar más medidas excepcionales de seguridad, más militarización, más represión contra el pueblo organizado.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico rechazo a la nueva ola de violencia y represión contra el campesinado organizado del Bajo Aguán.
Estamos firmemente convencidas que sólo a través de un Estado promotor de la democratización del acceso a la tierra y empeñado en acabar con la impunidad y garantizar el justo castigo para los autores materiales e intelectuales de tantos asesinatos y tanta violencia, se podrá avanzar hacia una verdadera paz y un desarrollo equitativo e incluyente para esta región.
Mientras eso no suceda, seguiremos denunciando internacionalmente y posicionado el estado hondureño como pieza fundamental del engranaje de atrocidades y vejámenes.
El aceite de palma que Honduras exporta lleva la sangre de cientos de campesinos, hombres y mujeres, asesinados.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Movimiento Justicia y Derechos Humanos (MJDH)
Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA)
