Esto se da en un contexto de trata masiva de mujeres y niñas, algunas de las cuales son condenadas a la explotación sexual comercial.
La iniciativa, además fomenta el acoso sexual y la violencia de género, al hacer que las mujeres y las niñas se conviertan en atracciones turísticas íntimas.
Este plan viola la Constitución nacional (artículo 33) y las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos que su gobierno ha suscrito y perjudica seriamente las discusiones actuales en la OIT sobre la adopción de normas internacionales para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
El grupo de gobiernos africanos de la OIT ha apoyado estas nuevas normas. Se da la paradoja que ese grupo está presidido por un representante ugandés.
La UITA envió una nota de protesta al gobierno de Uganda, al igual que muchas de sus organizaciones afiliadas en todo el planeta.