El mundo del trabajo vive una creciente ola de atropellos contra los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente de aquellas en condición migrante. Gerardo Castillo, asesor de la Rel UITA, plantea a continuación un llamado al sindicalismo internacional para que reaccione ante estos ataques.

En muchos países, los gobiernos actúan con arbitrariedad, ignoran compromisos internacionales y violan los principios más elementales del derecho internacional humanitario. Ante esta realidad, el sindicalismo internacional no puede permanecer en silencio.

Las expulsiones forzadas, la criminalización de los migrantes, la negación del acceso al trabajo digno y a servicios básicos constituyen violaciones flagrantes a acuerdos internacionales suscritos por los propios Estados.

Entre ellos figuran:

• Convenio 97 de la OIT sobre los trabajadores migrantes (1949), que establece que los trabajadores migrantes deben gozar del mismo trato que los nacionales en lo relativo a remuneración, condiciones de trabajo, seguridad social y afiliación sindical.
• Convenio 143 de la OIT sobre los trabajadores migrantes (1975), que obliga a los Estados a respetar los derechos fundamentales de todos los trabajadores migrantes, independientemente de su situación migratoria, y a sancionar toda práctica abusiva contra ellos.
• Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical (1948) y Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva (1949), ambos esenciales para garantizar la organización de los trabajadores sin injerencia estatal ni represalias.
• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ONU, 1990), que reconoce el derecho a migrar como un derecho humano, y prohíbe cualquier forma de discriminación basada en el estatus migratorio.

En diversos países, decisiones autoritarias desde el poder ejecutivo han llevado a políticas migratorias violentas, detenciones ilegales y expulsiones arbitrarias, pasando por alto el principio de debido proceso legal establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, art. 8 y 22).

Estas acciones no solo violan derechos individuales, sino que erosionan la democracia misma, al debilitar el estado de derecho.

Por otro lado, el uso de la maquinaria estatal para perseguir o silenciar a las voces críticas —incluyendo movimientos sindicales— como está sucediendo en Estados Unidos, constituye una regresión democrática alarmante que el sindicalismo internacional debe denunciar sin ambigüedades.

La hora exige más que declaraciones de buena voluntad. Se requiere una movilización sindical global en defensa de los derechos humanos, la democracia y la dignidad de quienes trabajan.

El sindicalismo internacional debe:

• Denunciar ante los organismos internacionales las violaciones cometidas por Estados que infringen tratados laborales y de derechos humanos.
• Exigir la aplicación de sanciones diplomáticas y económicas cuando se evidencie el incumplimiento reiterado de estos convenios.
• Impulsar redes de protección y acompañamiento para trabajadores migrantes, exiliados y refugiados perseguidos por motivos políticos o laborales.
• Fomentar campañas globales de solidaridad activa, visibilizando las historias reales de los trabajadores afectados.

La democracia no se negocia. Los derechos no se suspenden. La dignidad no se expulsa.

Hoy más que nunca, el sindicalismo debe ser internacionalista, combativo y profundamente humano.

No es momento de moderación, sino de firmeza. Es tiempo de denunciar, de actuar y de defender la vida y la libertad de quienes son blanco de las políticas fascistoides.