“Un juez vacilante anunció la deportación de los reos de conciencia en Nicaragua, torturados por más de dos años en las cárceles de la dictadura”, dice esa organización en un comunicado público.

“Advertimos que la deportación es completamente inaplicable en este caso, porque esta es una figura jurídica migratoria que se aplica específicamente a extranjeros que han cometido delitos en este país, están llamándole deportación a un destierro que está absolutamente prohibido en todas las legislaciones y las normas internacionales de derechos humanos”.

El organismo de derechos humanos advirtió también sobre las pretensiones del régimen de suspenderles la nacionalidad a los presos políticos mediante una reforma constitucional cuestionable.

No obstante, el Cenidh considera el destierro –aunque ilegal e injusto– como una salida que permitirá ponerlos a salvo.

“Este es el primer avance en nuestra lucha por la vigencia absoluta de los derechos humanos, una lucha que debe continuar y ha quedado en evidencia lo que siempre dijimos, que no se podría lograr ningún avance para recuperar la democracia con las cárceles llenas”, indica el comunicado.

“Era requisito indispensable salvarles la vida, pero todavía están encerrados más de 20 presos políticos, también debemos salvarlos”, concluye.