La provincia de Bocas del Toro, al noreste del país, sobre el Mar Caribe, fue invadida recientemente por un nutrido enjambre represor. Invadida sí, y no fue la 82ª División Aerotransportada con base en Fort Bragg, Carolina del Norte, como sucedió en el asalto gringo del 20 de diciembre de 1989 denominado “Causa Justa”. En esta oportunidad actuó directamente la fuerza de ocupación interna. “Operación Omega”, fue bautizada la brutal agresión.

El gobierno de José Raúl Mulino ordenó al aparato represor ir contra el pueblo sin armas de Bocas del Toro. La cacería de trabajadores bananeros, sindicalistas y pueblo a granel contó a su favor con la imposición del “estado de urgencia”, entiéndase: el avasallamiento de derechos constitucionales y medidas cautelares en materia de derechos humanos.

También se dispuso el corte de Internet, con el claro propósito de acallar las redes sociales, muy dinámicas, por cierto.

ꟷSoldados de la patria, la impunidad y el silencio serán sus aliados —fue el mensaje del gobierno, y vaya si fue comprendido por los gendarmes.

Las víctimas, en su gran mayoría, pertenecen al pueblo originario ngäbe-buglé, que en 2010 fue salvajemente violentado siendo el actual presidente ministro de Seguridad (Interior) en el gobierno del sedicioso Ricardo Martinelli, hoy asilado en Colombia.

José Raúl Mulino asumió la Presidencia en 2024 en medio de las masivas marchas que se registraban desde 2023 contra el extractivismo minero. En vez de calmar los ánimos llamando a un amplio diálogo, Mulino convirtió a Panamá en uno de los líderes en adquisiciones de armamento en América Latina.

En el acto de graduación de nuevos efectivos celebrado el 8 de julio felicitó a la Policía por su participación contra las manifestaciones de protesta: “Es así como se hace un país, con las mayorías, no con miedo a las minorías”, enfatizó.

“Aunque por las dudas, nos armamos hasta los dientes”, se le olvidó mencionar.