Además, la represión es tenaz en las comarcas de pueblos originarios. A los eternamente olvidados por el Estado, a fuerza de palos y gases a menudo se les recuerda que deben permanecer obedientes y calladitos.

José Raúl Mulino sufre del trastorno de acumulación de odio contra los trabajadores bananeros y los indígenas. En 2010, cuando era ministro de Seguridad Pública, fue el responsable de la brutal represión en Changuinola −feudo de Chiquita Brands− que dejó 2 muertos, 78 lisiados de por vida y 700 heridos de bala y perdigones.

El detonante del estallido social fue la Ley 30, bautizada popularmente como “Ley Chorizo”, que fue presentada por el entonces ministro José Raúl Mulino, ahora Presidente. Esa ley era un paquetón de reformas −antecedente directo de la “Ley Ómnibus” de Javier Milei− aprobada de forma exprés por la Asamblea Nacional de diputados completamente sitiada por la Policía Nacional. La iniciativa se presentó como una ley dirigida a la aviación comercial. Pero eso era solo la fachada. En su laberinto la ley garantizaba el funcionamiento de las empresas durante las huelgas; suspendía los contratos de trabajo de los huelguistas y autorizaba al empleador a contratar personal externo (esquiroles). La Policía garantizaría la protección de las empresas. Se promovía el paralelismo sindical y se dejaba sin efecto la obligatoriedad del descuento por planilla de la cuota sindical.

Fue entonces que autoridades del ministerio de Trabajo informaron a Bocas Fruit Company (léase Chiquita Brands) que no era obligatorio el descuento referido, lo cual fue aprovechado con entusiasmo por la compañía para debilitar al sindicato bananero (SITRAIBANA).

Envalentonada por la Ley Chorizo, la ministra de Trabajo Alma Cortés (que antes se desempeñaba como abogada de la cadena Super 99, propiedad del expresidente Martinelli mentor de Mulino), comunicó que a partir del 1 de julio de aquel 2010 se reformaría el Código Laboral. Una delegación del sindicato viajó desde Bocas del Toro a la capital, pero nadie del Ministerio los atendió. Ante tal negativa SITRAIBANA convocó a un paro por 48 horas, como forma de presionar al gobierno.

Entonces llegó Alma Cortés a Changuinola para arrojar combustible al fuego. En la propia sede del sindicato, la copetuda ministra mostró su fobia antiindígena: “Ustedes son unos indios borrachos, ignorantes, analfabetos”, les dijo. “Dejen de hacerle el juego a los dirigentes sindicales, que lo único que quieren es seguir viviendo de las cuotas”, añadió.

A principio de mayo del presente año, 2025, la altanera Alma fue condenada a 32 meses de prisión por el manejo irregular de viáticos para asistir, junto a ex funcionarios del Ministerio, a reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, entre junio y noviembre de 2011, por un monto de 49 mil dólares. La supuestamente muy instruida señorona resultó una vulgar ladrona.

El paro de 48 horas pasó a una huelga por tiempo indefinido, y el 8 de julio de 2010 fue perpetrada la sangrienta represión en Changuinola, en el centro bananero de Panamá.

El Presidente de la República en aquellos años, Ricardo Martinelli (2009 – 2014), dueño de la cadena Super 99, la mayor del país, fue condenado en julio de 2023 a diez años y 8 meses de cárcel por lavado de dinero, está exiliado desde mayo pasado en Colombia.

Por su parte, José Raúl Mulino, delfín político de Martinelli, y responsable directo de la masacre bananera de Changuinola y que solo por eso debería estar preso, sin embargo es el actual Presidente de Panamá y continúa empeñado en la “cacería de indios” y sindicalistas.

Pero “la fiesta”, algún día, terminará, cuando la gente deje de votar por sus cazadores.