El gobierno de José Raúl Mulino Quintero está recurriendo obstinadamente a la represión para contener las crecientes demandas sociales. «El país enfrenta una grave crisis social, económica y política.

Hay protestas indefinidas a las que se han sumado diferentes gremios organizados, campesinos, pueblos originarios, mujeres y jóvenes, pueblo de a pie», dijo a Brecha el periodista y militante ambientalista Olmedo Carrasquilla.

Alejandro Jhon, secretario general de la central obrera Fuclat (Federación Unitaria de la Clase Trabajadora), afirmó, por su parte, que «la situación que hoy desbarranca dio sus primeras señales durante el anterior gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) con el reclamo por la carestía, fruto de una inflación acelerada y de una corrupción endémica».

El detonante decisivo de las movilizaciones había sido, sin embargo, el contrato suscrito entre gallos y medias noches y sin consulta popular con Minera Panamá, subsidiaria de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, por el que se renovó la concesión del mayor yacimiento de cobre de América Central.

«Cambio climático y minería matan» y «Panamá no se vende» fueron algunas de las consignas que se vieron en las marchas de rechazo a ese proyecto y que lograron archivar una concesión fraguada en la opacidad y la indulgencia colonialista del gobierno.

Las protestas ambientalistas contra la concesión sirvieron como entrenamiento para otras. Con el paso de los días, las manifestaciones se fueron sumando y se convirtieron en las mayores registradas en las últimas décadas.

El proyecto de reforma de la Caja de Seguro Social (ley 462), el acuerdo de entendimiento suscrito con Estados Unidos que incrementa la presencia militar en la zona del Canal de Panamá ─a pesar de las promesas en contrario del gobierno─ y la huelga bananera en la provincia de Bocas del Toro, feudo de otra transnacional emblemática, Chiquita Brands, que despidió a 7 mil trabajadores, pasaron a ser el eje de las nuevas movilizaciones.

La respuesta del gobierno ha pasado hasta ahora invariablemente por criminalizar todas estas protestas e intentar ilegalizarlas, mientras crece el número de enfrentamientos y heridos en toda la nación.

En Panamá parecería que la indignación no se oculta. Y la calma aparente que reinaba en el país se ha transformado naturalmente en revuelta. Trátase el panameño, dice un dicho popular, de un pueblo tranquilo de pabilo corto, tan rumbero como beligerante.