La deriva de protestas dio inició en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019 – 2024). En primer orden, fue ante el aumento del costo de vida, la corrupción endémica y el contrato firmado con Minera Panamá, subsidiaria de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, que renovó la concesión del mayor yacimiento de cobre de Centroamérica.

La Rel UITA respaldó las protestas y oportunamente se dirigió al presidente de la República en una carta abierta que tuvo importante repercusión.

El 1 de junio del pasado año comenzó la administración de José Raúl Mulino Quintero. A los citados temas candentes anexó la reforma de la Caja del Seguro Social (ley 462) y la autorización de una mayor presencia militar estadounidense en la zona canalera, provocando un verdadero estallido social.