El pasado 18 de marzo lo acribillaron a balazos en su casa. Todavía no hay ningún detenido por su cobarde asesinato. Sergio defendía los territorios de los pueblos originarios en la región de Salitre de la invasión de terratenientes y del agronegocio.
A pesar que la CIDH había dispuesto medidas cautelares para la comunidad Bribri, de la cual era originario, el gobierno de Carlos Alvarado jamás destinó recursos para garantizar la integridad física de los líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos como Sergio.
La Rel UITA se suma al clamor de justicia para Sergio Rojas. Que los autores intelectuales y materiales sean llevados a cárcel y que el Estado de Costa Rica, a través de su actual gobierno asuma su responsabilidad en este crimen y garantice la seguridad de esas comunidades.