Esta omisión intencional representa una violación directa a la ley y una práctica que reduce de forma progresiva el ingreso real de los trabajadores formales.

Según la ex sindicalista Nélsida Marmolejos, “cada año, más de 750.000 asalariados pagan ISR simplemente porque sus salarios nominales suben por la inflación, no porque hayan mejorado su poder adquisitivo”.

Si se hubiese aplicado el ajuste por inflación que exige la normativa tributaria, el tramo exento rondaría hoy 50.000 pesos dominicanos al mes (unos 780 dólares) y no los 34.685 (unos 540 dólares) que permanecen congelados desde 2017.

“De haberse aplicado la exención que manda la ley se habría evitado que asalariados con sueldos medios estén cargando con un impuesto inflacionario que disminuye su ingreso real”.

El gobierno justifica el congelamiento del tramo exento en nombre de la estabilidad fiscal.

“Es precisamente la no aplicación de la exención lo que, por le contrario, contribuye a distorsionar la estabilidad fiscal”, dice Marmolejos.

La consecuencia es que la inequidad de la estructura tributaria se ha acentuado a costa de los trabajadores formales, que están financiando, con sus impuestos, una parte significativa del gasto social, mientras se les niega un derecho que la ley ya contempla.

“Un sistema fiscal que castiga la formalidad e ignora la inflación pierde legitimidad y sostenibilidad. Cumplir el Código Tributario no es un lujo fiscal, es una cuestión de respeto al Estado de derecho y de justicia elemental hacia los contribuyentes que sostienen al país”, concluyó.