R. Dominicana | AMBIENTE | MINERÍA

El extractivismo contra el pueblo

República Dominicana en el radar
minero canadiense

Gerardo Iglesias

6 | 5 | 2025


Foto: Gerardo Iglesias

En el 26 Congreso de la UITA (Ginebra, 10|2012), la Rel UITA encaminó una resolución que fuera aprobada por unanimidad ante la ofensiva regional del modelo extractivo minero.

Trece años atrás alertábamos que el avance de extracción masiva de minerales producirían graves impactos sobre los ecosistemas, la soberanía territorial y los medios de vida de las poblaciones locales.

Mencionábamos en la resolución: “Como en los tiempos coloniales, ríos de riqueza se van hacia las metrópolis mientras en los países dueños de esos recursos quedan los desastres ambientales, la contaminación del agua y el aire y enfermedades de todo tipo, como ya está sucediendo en Honduras y Colombia, por ejemplo”.

Resaltando además que: “estudios realizados en Colombia sobre la megaminería de oro en alta montaña, requiere la utilización de mil litros de agua por segundo para la obtención de un gramo de oro. Esto es que en un día de explotación se necesita la misma cantidad de agua que demanda por día una ciudad de 600 mil habitantes”.

Panamá y República Dominicana

El pasado año dimos amplia cobertura periodística y participamos activamente junto a la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora (FUCLAT) en el movimiento “Un Panamá sin minería” y “Panamá Vale Más Sin Minería”, que adhieren organizaciones sindicales, ambientales, campesinas y pueblos originarios.

La lucha fue contra la empresa minera canadiense First Quantum Minerals, a quien el gobierno de Laurentino Cortizo había extendió el contrato por 20 años para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica. Aunque el permiso fue “archivado”, la lucha que comenzó a finales del 2022 se extiende todavía.

En República Dominicana la Barrick Gold otra empresa canadiense ha provocado la organización de intensas movilizaciones de campesinos, ambientalistas y población en general con foco en la ciudad de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, donde se amenaza con desplazar 653 familias.

En el vídeo que se adjunta, el politólogo y ambientalista Fernando Peña, da a conocer enfáticamente los problemas que la minería comporta y lo que sucede cuando el gobierno se torna aliado de estos emprendimientos.