La presidenta Bachelet se propone reformar por un lado el sistema impositivo, eliminando en particular el Fondo de Unidades Tributarias (FUT), un instrumento creado por la dictadura, en 1984, y modificar el Código de Trabajo.
El FUT es un sistema por el que las empresas pagan al fisco sólo por las utilidades que retiran, derivando al fondo el restante de las ganancias, del que pueden retirar dinero para “reinvertir” y ampliar sus negocios.
Según explica Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, «se trata de un mecanismo de elusión, porque se postergan los impuestos para siempre».
«Tengo 100, los dejo adentro y los reinvierto en una empresa súper buena que está en Brasil y en otra que está en las Islas Caimán. Las dos son mías y saco las utilidades después por las Islas Caimán y por Brasil y en Chile esas utilidades no pagaron impuestos», ejemplificó el universitario.
Para Lezana el cierre de este Fondo es uno de los motivos de molestia del sector patronal. Las empresas también rechazan que de ahora en adelante deban pagar 25 por ciento de impuesto a las ganancias (fundamentalmente las de gran porte), en vez del 20 que tributan actualmente.
“En este momento Soprole se encuentra en plena reforma de la Planta Productiva nº 4 (ubicada en San Bernardo), que estaba financiando a través del FUT, por lo cual comenzó a despedir trabajadores, como si con esa medida pudiese reducir considerablemente los costos”, dijo.
Soprole aduce una pérdida de mercado para justificar el despido de 150 operarios de sus plantas en Chile. En julio echó a 80 en Santiago, y en marzo ya había despedido a 20 de la distribuidora Comercial Santa Elena. La medida también afectó a las plantas de Osorno y Los Lagos, pero en un número bastante menor.
“Yo creo que la mala gestión del nuevo Centro de Distribución de la compañía en Renca, en el cual invirtió 50 millones de dólares, es el causante principal de la pérdida del mercado, pero de ninguna manera se le puede atribuir esta responsabilidad a los trabajadores y a su capacidad de producción”, protestó Lezana.
“Por otro lado, como en agosto se cierra el año que denominamos Nueva Zelandia por coincidir con el cierre de la casa matriz de Fonterra en ese país – continuó- los directivos que están al frente de la administración de Soprole en Chile quieren demostrar que la reducción de gastos se está cumpliendo.
Pero lo están haciendo de la forma más fácil, despidiendo trabajadores, como acostumbran los empresarios”.
Según explica Lezana, uno de los principales cambios que se esperan refiere a la restitución plena del derecho de huelga.
“Hasta ahora las empresas tienen derecho a contratar a personal externo en caso que sus trabajadores ejerzan el derecho de huelga. Si se aprueba la reforma eso cambiará”.
Además, “la organización sindical pasará a ser la titular del Contrato Colectivo, lo que significa que para tener los beneficios del mismo se deberá estar sindicalizado y por tanto se mejorará la captación de afiliados, algo muy positivo para los trabajadores pero que no hace ninguna gracia a los empresarios”, indicó Lezana.
Por otra parte, el dirigente hizo un llamado a la casa matriz de la empresa en Nueva Zelandia para que se comunique con el Sindicato y tome medidas que permitan paliar los efectos de los despidos.
“Recientemente representantes de la gerencia de Fonterra estuvieron en Chile, pero no realizaron ningún tipo de contacto con la organización sindical. Hubiese sido importante que la compañía tratara de negociar con el Sindicato el tema de los despidos”, dijo.
“Hay una tozudez por parte de esta gerencia en no dialogar con el Sindicato. La nueva gerente de Recursos Humanos de Soprole apenas comunica las decisiones que toma, lo que ha llevado a esta situación”.
El objetivo de la Federación es lograr la unidad sindical a nivel nacional como una estrategia para potenciar el trabajo de las organizaciones, pero se trata de un camino largo, reconoció el dirigente.
“Por ahora contamos con el apoyo y la solidaridad internacional que nos puede brindar la UITA para encontrar una salida menos nociva para los trabajadores”, finalizó Lezana.