Asimismo, disponía que de las propinas recibidas se constituiría un fondo común “que sería distribuido entre el personal que tenga contacto directo con los clientes”, y que los trabajadores elegirían a un representante, “quien deberá ser informado, en forma permanente por el empleador, sobre montos y cuentas del fondo”.
Finalmente, el decreto especificaba los plazos de distribución del monto recaudado, y expresaba, de manera categórica, que bajo ninguna circunstancia “el propietario o responsable de la administración del establecimiento gozará del beneficio de la propina”, ni podrá realizar deducciones de la propina “por concepto de contribución a los gastos del empleador” u otros conceptos.
Un año después, la FUTATSCON denuncia que son muy pocos los empleadores que están cumpliendo con las nuevas disposiciones.
“El balance es muy negativo. El decreto presidencial establecía una serie de obligaciones que los empleadores debían respetar, sin embargo casi nadie lo está haciendo.
Cada día son más los propietarios y administradores de hoteles y restaurantes que se adueñan de la propina para integrar salarios, comprar insumos o, simplemente, para echársela al bolsillo”, alertó Marcial Cabrera, secretario general de la FUTATSCON.
Cabrera explicó que los lugares más turísticos de Nicaragua, como las ciudades de Granada, León, San Juan del Sur, y la misma capital Managua, es donde más se está dando este fenómeno detestable.
“Hay lugares donde los meseros ni siquiera tienen un salario fijo, sino que todo sale de la propina. Hay otros donde la propina sirve para integrar el pago de los trabajadores y garantizar el salario mínimo de ley. ¡Es una vergüenza!”, sentenció el dirigente sindical.
“Contrariamente a lo que algunos dicen para crear confusión y desprestigiarnos, nuestro objetivo no es buscar la obligatoriedad de la propina, sino garantizar que los trabajadores y trabajadoras tengan el control absoluto de los ingresos en concepto de propina.
Hay que acabar con todos los abusos que están cometiendo los empleadores, garantizando que sean los trabajadores a decidir cómo repartir y usar estos fondos”, aclaró Cabrera.
De acuerdo con declaraciones brindadas recientemente por Miguel Romero, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR), en 2013 el monto total acumulado en concepto de propina fue superior a los 5 millones de dólares.
Sin embargo, los sindicatos aseguran que podría ser mucho más.
“¿Cuánto de este dinero termina en los bolsillos de los empleadores? Nadie lo sabe. Debemos transparentar la recaudación y administración de estos recursos, así como crear mecanismos claros y efectivos de control, acabando de una vez por todas con la sustracción indebida de fondos de parte de los empleadores”, señaló el secretario general de la FUTATSCON.
En este sentido, la decisión tomada por los trabajadores organizados del Hotel Crowne Plaza de Nicaragua de conformar una cooperativa para administrar el fondo de propinas, sienta un precedente histórico en el país.
“Estamos convencidos de que este ejemplo, sumado a la aprobación de una Ley de Propinas, abrirán paso a un cambio sustancial en la materia”, concluyó Cabrera.