“El periodismo ambiental no tiene lugar en los medios masivos de comunicación de Uruguay”, afirmó Bacchetta durante su exposición en el Foro Internacional de Medio Ambiente (FIMA) que se realizó el miércoles 26 y jueves 27 en la ciudad de Porto Alegre.

“Los grandes medios de comunicación no tratan los verdaderos problemas ambientales”, señaló, opinando que sólo algunos periodistas en sus blogs y pequeños medios, los llamados alternativos, se dedican a la cobertura de temas vinculados al ambiente y al extractivismo.

“Los grandes medios masivos están asociados al modelo de desarrollo productivo de Uruguay, que extrae materias primas”, sostuvo el periodista, que en el año 2000 fundó, junto a otros colegas, la Red de Comunicación Ambiental de América Latina y el Caribe (RedCalc), en la ciudad de Porto Alegre.

“El periodismo ambiental no es periodismo de catástrofe, no es el periodismo sensacionalista que sale a cubrir un hecho, o cuando ocurre una catástrofe. Este periodismo dura uno o dos días y después se olvida.”, sostuvo.

“El periodismo ambiental es periodismo de investigación, porque tiene que mostrar el origen de las causas que generaron el problema y las posibles tendencias posteriores, porque si no la gente no entiende. Los fenómenos ambientales son acumulativos en pequeñas dimensiones a lo largo del tiempo, entonces cuando sucede una catástrofe es cuando ese problema ya tiene una fuerza muy grande”.

Este foro internacional ─organizado por la Asociación de la Prensa Riograndense (ARI)─ reunió a representantes de diferentes áreas, como agronomía, derecho, ingeniería agrícola, geografía, veterinaria, y por supuesto del periodismo.

Además, fueron invitados productores rurales, empresas dedicadas a la silvicultura, investigadores y académicos, así como integrantes de organizaciones defensoras del ambiente.

Al inicio de su exposición, Bacchetta sostuvo que durante los últimos 30 años el sistema productivo de Uruguay sufrió cambios sustanciales.

En la platea, en primera fila, seguía atento la charla el fundador y presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil (MJDH), Jair Krischke, un hombre que ayudó a salvar a miles de perseguidos por las dictaduras latinoamericanas.

Bacchetta explicó que uno de los puntales del actual sistema productivo uruguayo se basa en la producción de celulosa.

En ese sentido, recordó la aprobación de la llamada Ley Forestal del año 1987, que fue el primero de una serie de cambios para atraer inversiones que acentuaron la concentración y extranjerización de la tierra.

Foto: Asociación de la Prensa Riograndense

Desde entonces el desarrollo de la celulosa tuvo un fuerte crecimiento al punto que en la actualidad hay 1,2 millones de hectáreas dedicadas a la forestación para atender tres plantas de producción de celulosa.

Bacchetta señaló que está proyectada la construcción de una cuarta planta de celulosa porque la legislación de Uruguay definió un “área de prioridad forestal” que podría llegar a 4,8 millones de hectáreas para plantar árboles, principalmente eucaliptus.

El 100 por ciento de la celulosa es colocada en el exterior del país, aunque en los hechos no es una exportación porque en las plantas de celulosa “funcionan zonas francas”, por lo que en realidad Uruguay “vende árboles porque no se pagan impuestos por la venta de celulosa”.

Baccheta compartió mesa con Gustavo Veiga, periodista del diario argentino Página 12, y el brasileño Nilson Correa, editor del diario Folha do Sul.

Otro de los pilares del sistema productivo de Uruguay son las plantaciones de soja transgénica, que sufrieron “un crecimiento exponencial” en los últimos 20 años: de 12 mil hectáreas se pasó a 1,3 millones.

La soja, al igual que la celulosa, es exportada en su totalidad “pese a que en Uruguay no tenemos una fábrica de aceite de soja, debemos importar el aceite”, explicó.

El 70 por ciento de la soja transgénica la compra el mercado chino para alimentar animales, principalmente cerdos y otros animales de granja.

Bacchetta repasó los diferentes intentos fallidos de búsqueda de petróleo y de gas natural en Uruguay y recordó la idea de instalar un sistema de fracking, algo que finalmente no prosperó.

El periodista señaló que muchos gobiernos de los países desarrollados se centraron en las llamadas energías renovables, que de todas formas consumen grandes cantidades de materiales y energía en su fabricación, además de generar también importantes impactos sociales y ambientales.

Bacchetta explicó que el viento y el sol son renovables, pero no ocurre así con los molinos y los paneles necesarios para captar esas energías.

El mayor impacto ambiental de las mal llamadas energías renovables se concentra en la fabricación y el desmantelamiento.

Los molinos que se fabrican en la actualidad tienen una vida útil de 20 años y un panel solar unos 25. Las hélices de los aerogeneradores no se reciclan y decenas de miles de estas palas están siendo retiradas para ser acumuladas en los vertederos.

Cuando esas instalaciones dejan de funcionar se convierten en grandes cementerios de chatarra, señaló Baccheta en la mesa, moderada por el periodista João Batista Santafé Aguiar, director de Medio Ambiente de la ARI y editor del sitio de noticias ambientales AgirAzul.com.

Bacchetta dijo que con la llegada del llamado hidrógeno verde se intenta imponer la idea de que se trata “un aporte para salvar al planeta del cambio climático y eso es una mentira”.

Destacó que esto se debe a una necesidad de los países desarrollados que pretenden mantener un modelo de consumo energético que no es compatible con el mismo patrón de inversiones masivas que practicaron hasta ahora.

“No se busca sustituir una fuente de energía por otra alternativa, sino que se trata de mantener los actuales niveles de consumo”, sostuvo.

El gobierno que acaba de asumir en Uruguay no hará cambios a la política forestal, afirmó.

“Las plantas de celulosa fueron aprobadas durante la gestión de algunos gobiernos del Frente Amplio. En 15 años se instalaron dos plantas y se firmó un contrato para la tercera. Nosotros lo llamamos contrato colonial porque no es sólo un contrato comercial, sino que avanza en la institucionalidad del Estado, porque ya dejó de ser una inversión extranjera con una finalidad económica, genera otro tipo de relación de dependencia”, sostuvo.