En el sector de panaderías artesanales persiste una lógica que parece tener su propia ley: la afiliación sindical puede convertirse en la antesala del despido.

Desde hace cerca de un año, la Mesa Coordinadora del Pan se integró a la Rel UITA, y ese vínculo permitió arrojar luz a una realidad que hasta entonces permanecía dispersa, casi silenciosa.

Lo que aparece es una trama de desigualdades estructurales en las relaciones laborales, atravesada además por un marcado sesgo de género y por mecanismos de control estatal que no alcanzan a cubrir —ni a disuadir— estas prácticas.

El presidente de la Mesa, Luis Echevarría, fue categórico al denunciar una “grave situación de hostigamiento y persecución antisindical” en el sector, y anunció una batería de medidas para enfrentarla.

Si bien reconoció avances en ámbitos de diálogo tripartito, advirtió que estos resultan insuficientes: buena parte del empresariado permanece al margen de esos espacios, donde se negocian condiciones y se construyen acuerdos.

En ese vacío, los hechos se repiten. “En los últimos días, compañeras que se afiliaron fueron despedidas, y otras directamente frenaron su organización por temor”, señaló.

El mensaje, aunque no escrito, circula con claridad: organizarse tiene costo.

Echevarría remarcó que estas prácticas generan “un fuerte efecto disciplinador” y constituyen una vulneración directa de derechos fundamentales, en particular de la libertad sindical.

“Estamos ante situaciones donde se avasallan derechos protegidos por ley”, afirmó.

Frente a este escenario, el gremio resolvió intensificar sus acciones. Habrá más asambleas, paros parciales y recorridas en todo el país con el objetivo de informar, organizar y sostener a las trabajadoras.

Tampoco se descartan movilizaciones frente a establecimientos donde se constaten conductas antisindicales.

El conflicto también escalará al plano institucional.

El sindicato ya solicitó ser recibido en la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento, bajo el argumento de que las sanciones actuales resultan débiles y no generan un efecto disuasivo real.

En paralelo, se evalúa presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo.

Echevarría subrayó además la dimensión de género del problema, al señalar que “más del 90 por ciento de las trabajadoras del sector son mujeres, muchas en situación de vulnerabilidad, lo que agrava aún más estas prácticas”.

Finalmente, envió un mensaje a las trabajadoras: “No están solas. Tienen todo el derecho a afiliarse y a reclamar. El sindicato se va a constituir y va a seguir avanzando, pese a cualquier intento de impedirlo”.