“Con alegría y alivio recibimos la noticia que el proyecto Neptuno queda sin efecto”, dijo la comisión en un comunicado que tituló “La voluntad del pueblo es innegociable”.

Para la CNDAV no hay dudas de que esta decisión “es el resultado de la lucha popular que se viene desplegando desde hace más de cuatro años en todo el país: denunciando, movilizándonos e impulsando acciones judiciales”.

Sostuvo también que “este contrato es nulo por inconstitucional, tal como lo plantea la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y que la decisión correcta sería su anulación definitiva”.

El abogado Juan Ceretta, docente y una de las caras visibles de la Clínica de Litigio Estratégico, explicó a El Zumbido que no comprende las razones para que se mantenga “un contrato que es el resultado de una licitación, donde el que ganó lo hizo con una ventaja competitiva que le otorgaba la Ley Nº 17.555 por presentar un proyecto novedoso que consistía en extraer agua del Río de la Plata”, algo que con los anuncios del gobierno de Yamandú Orsi ahora quedó cancelado.

Para el abogado, que ha estado trabajando el caso judicial del proyecto Neptuno desde el inicio, “parecería imprescindible una nueva licitación y un nuevo contrato con el que resulte ganador y en los términos relativos al llamado”.

Ceretta indicó que tampoco comprende los motivos por los que “se mantiene la modalidad de pago por disponibilidad de agua, cuando se anunció que la gestión del suministro de agua potable estará en manos de OSE”, el ente estatal uruguayo del sector.

Si las empresas sólo realizan la obra, “¿cómo cobrarían por el agua que extrae y potabiliza OSE?”, se preguntó.

El experto señaló que “⁠la declaración de nulidad del contrato original la puede realizar solamente la Justicia para que tenga efectos generales” y que el gobierno “lo que puede hacer es notificar a las empresas que no cumplirá el contrato por considerarlo nulo”.

En una etapa posterior las empresas que forman parte del llamado Consorcio Aguas de Montevideo –formado por Saceem, Berkes, Ciemsa y la brasileña Fast Industria e Comércio Ltda– deberían iniciar un juicio por incumplimiento, donde se discutirá si es nulo o no, explicó el abogado.

Por otra parte, la CNDAV celebró que “tras la cancelación del proyecto se retome la cuenca del río Santa Lucía como fuente principal de abastecimiento, junto con la recuperación de la quinta línea de bombeo y las obras sobre el arroyo Yasirí, promoviendo así la descentralización de las fuentes de agua”.

Sin embargo, la CNDAV considera que “estas propuestas no tienen legitimidad si no pasan por los ámbitos de participación previstos –Consejo Regional y Comisiones de Cuenca– tal como lo establece el artículo 47 de la Constitución, la Ley 18.610 (Ley de Aguas) y el Acuerdo de Escazú”.

Para La CNDAV, “los plazos anunciados por el gobierno para la firma del contrato y la realización de las evaluaciones de impacto ambiental resultan insuficientes para garantizar una participación ciudadana real y efectiva en los ámbitos correspondientes”.

Las organizaciones que integran esta comisión aseguran que debido a que, tal como anunció OSE, la gestión del abastecimiento de agua potable seguirá en manos del Estado “es imprescindible conocer el presupuesto asignado para contratar personal, reparar las redes de distribución y realizar las inversiones necesarias para sostener los proyectos anunciados, sin esto seguiremos inyectando agua a un sistema que pierde el 50% en la distribución”.

Además, “es fundamental que se descarte cualquier forma de privatización encubierta y que se garantice la gestión pública del agua. Asimismo, debe presentarse un plan concreto para la limpieza y el cuidado de la cuenca del río Santa Lucía, con el presupuesto correspondiente, y establecer claramente cómo se determinará la prioridad en el uso del agua, dando cumplimiento al mandato constitucional que privilegia el consumo humano”.

Por todas estas razones, la CNDAV le exige “al Ministerio de Ambiente como rector de la política nacional de aguas y a la Dirección Nacional de Aguas la convocatoria inmediata al Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo, así como a la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía”.

“Del mismo modo, demandamos la inclusión del Ministerio de Salud Pública en cada una de las sesiones, en tanto actor fundamental, dada la situación crítica de nuestras cuencas en relación con la calidad del agua y el riesgo que esto representa para la salud humana”, señala el comunicado de estas organizaciones ambientales, sociales y sindicales.