Mientras cerca de 600 trabajadores del Frigorífico Carrasco permanecen desde el 30 de junio sin cobertura del subsidio por desempleo y sin conocer el futuro de la planta, en el frigorífico BPU el sindicato denuncia un sistema de contratación que profundiza la precarización del empleo.

Ante la ausencia de una definición sobre la reapertura, el cierre definitivo o la continuidad de las actividades en Carrasco, el gobierno, a solicitud de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), requirió a Minerva Foods la presentación de un plan de trabajo que establezca con claridad cuáles serán sus próximos pasos.

El objetivo es impedir que la empresa continúe postergando decisiones mientras cientos de familias permanecen en la incertidumbre y sin ingresos.

El presidente de la FOICA, Martín Cardozo, advirtió que la transnacional debe asumir una definición sobre el destino del frigorífico y de sus trabajadores y trabajadoras, y cuestionó que el Estado deba seguir sosteniendo una situación de indefinición sin conocer las verdaderas intenciones de la empresa.

A este escenario se suma la denuncia realizada por el Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico BPU (SOOF BPU), que alertó sobre una modalidad de contratación aplicada por Minerva con el personal de reciente ingreso.

La empresa contrata trabajadores por seis meses y, al finalizar ese período, les impone un segundo contrato por un período similar. Cumplido el año, muchos son desvinculados, pese a haber demostrado capacidad, responsabilidad y haber recibido la capacitación necesaria para desempeñar sus tareas.

Para el sindicato, esta práctica desvirtúa el espíritu de la normativa laboral y de lo establecido en los Consejos de Salarios respecto al período de prueba, consolidando un esquema de rotación permanente que precariza el empleo y mantiene a los trabajadores en una situación de incertidumbre constante.

Además, denuncia que la empresa se beneficia de mano de obra ya formada para luego sustituirla por nuevos ingresos, reproduciendo el mismo mecanismo.

Aunque se trata de situaciones diferentes, ambas reflejan una misma preocupación del movimiento sindical: la falta de certezas sobre la continuidad del empleo y la utilización de mecanismos que trasladan toda la inseguridad a los trabajadores.

Las organizaciones sindicales demandan una mayor intervención de las autoridades gubernamentales para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar que el derecho al trabajo decente y la estabilidad laboral prevalezcan frente a las estrategias empresariales de flexibilización y precarización.