La actividad reunió a autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Instituto Nacional de Carnes (INAC), así como a representantes de las gremiales de productores, las cámaras empresariales y un importante número de trabajadoras y trabajadores del sector.

Desde las distintas perspectivas expuestas ,durante la jornada surgió una preocupación compartida: cómo garantizar el desarrollo de una actividad estratégica para la economía uruguaya sin que ese crecimiento se sostenga sobre la inestabilidad laboral, la pérdida de derechos y el deterioro de las condiciones de vida de quienes producen la riqueza.

Uno de los principales problemas señalados fue la creciente concentración de la industria frigorífica en manos de grandes grupos transnacionales, particularmente las transnacionales brasileñas MBRF y Minerva Foods.

El peso de ambas compañías en Uruguay es determinante. Durante 2025, los establecimientos de MBRF procesaron el 28,7 por ciento de los vacunos faenados en el país, mientras que las plantas de Minerva concentraron el 22,9 por ciento. En conjunto, superaron el 51 por ciento de la faena nacional.

Los datos más recientes disponibles, correspondientes al período enero-agosto de 2026, mantienen esa tendencia: ambos grupos representaron el 48,9 % de la faena vacuna.

Esta concentración otorga a dos grandes corporaciones extranjeras una enorme incidencia sobre el funcionamiento de la cadena cárnica, desde la compra de ganado hasta la industrialización y exportación.

También plantea interrogantes sobre el poder de negociación de las empresas frente a los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

La industria frigorífica ocupa un lugar central en la economía y el empleo de numerosos departamentos del país.

Se estima que alrededor de 17.000 personas dependen directamente de esta actividad, aunque actualmente unas 12.000 se encuentran efectivamente trabajando.

Cerca de 2.300 trabajadores pasan mensualmente por situaciones de seguro de paro o licencia obligatoria.

El uso recurrente del subsidio por desempleo y su eventual utilización como mecanismo de presión en las negociaciones colectivas fueron otros de los puntos centrales del debate.

Según cifras presentadas por autoridades del Ministerio de Trabajo durante la jornada, en lo que va de la actual administración se destinaron 35,5 millones de dólares a este beneficio para trabajadores del sector.

El problema no radica en la existencia de una herramienta de protección social necesaria para los períodos de inactividad, sino en su utilización por parte de algunas empresas como instrumento de flexibilización laboral, presión sobre los salarios y disciplinamiento de las organizaciones sindicales.

Las recientes reestructuras, suspensiones de actividades y propuestas de rebajas salariales en establecimientos de los principales grupos frigoríficos muestran que la incertidumbre sobre el empleo no es un fenómeno aislado.

El foro permitió poner sobre la mesa una discusión que trasciende la coyuntura: qué modelo de desarrollo necesita la cadena cárnica uruguaya y cómo se distribuyen sus beneficios.

Para la FOICA, no puede hablarse de competitividad y crecimiento industrial sin considerar la estabilidad del empleo, los salarios, las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos colectivos.

Una actividad que genera importantes ingresos por exportaciones y ocupa un lugar estratégico en la economía nacional debe garantizar también condiciones dignas para quienes hacen posible su funcionamiento.

El desafío es construir una política industrial que coloque el empleo de calidad, la producción nacional y la distribución de la riqueza en el centro de sus prioridades.

Porque el futuro de la industria cárnica no puede medirse únicamente por la cantidad de animales faenados o los volúmenes exportados, sino también por la calidad de vida de quienes trabajan en ella.