La existencia ─y a la vez la sistemática desaparición─ de documentos clave, como el memorándum 425 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, evidencia una práctica sostenida de encubrimiento que se proyecta hasta el presente.

En este contexto, un reciente fallo judicial que obliga al Ministerio del Interior a entregar el documento al Proyecto Cruzar de la Universidad de la República, no solo representa un avance concreto en la investigación histórica, sino que también desnuda las tensiones entre la búsqueda de justicia y las inercias de una estructura estatal que sigue mostrando dificultades para transparentar su accionar pasado.

A medio siglo de los hechos, el caso Balbi se convierte así en un espejo incómodo: refleja no solo las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, sino también los obstáculos actuales para acceder a la información, reparar a las víctimas y desarticular las lógicas de impunidad que, como advierten investigadores y familiares, siguen operando.

Sobre este punto La Rel conversó con Nilo Patiño, investigador del proyecto Cruzar y firmante de la solicitud de acceso a la información, quien calificó el episodio como “insólito” y lo vinculó con una estructura de impunidad “difícil de flanquear”.

“En el marco de la investigación sobre la muerte de Balbi surgieron elementos que no solo aportan información relevante sobre el caso, sino que también dejan al descubierto un problema más profundo: la persistencia de una estructura de impunidad a nivel institucional”, señaló.

Documentación aportada por investigadores y familiares permitió reconstruir aspectos clave hasta ahora poco claros, entre ellos la responsabilidad en los procedimientos y la participación de determinados actores en los operativos.

Surgieron Incluso referencias en documentos oficiales que indican que la muerte del militante comunista ya había sido informada en un memorándum —el 425— fechado el 31 de julio de 1975 y firmado por el comisario José Luis Telechea.

Sin embargo, el tratamiento institucional de esta información exhibe inconsistencias significativas.

Por un lado, el Estado reconoce que que ciertos documentos permanecieron reservados durante años, lo que confirma su existencia; por otro, resoluciones posteriores, como la del actual ministro del Interior Carlos Negro, afirman que esos mismos materiales no pudieron ser localizados.

Esta contradicción erosiona la credibilidad de las actuaciones oficiales y refuerza las sospechas sobre la falta de transparencia.

“A esto se suma una explicación difícil de sostener por parte de las autoridades, que atribuyen la falta de acceso a los documentos al paso del tiempo o a su formato mecanografiado. Es como si se le pidiera un documento a la Biblioteca Nacional y dijeran que no pueden entregarlo porque fue escrito a máquina”, ironiza Patiño.

“La Policía ha contado históricamente con un archivo amplio y sistemático en materia de inteligencia y represión, lo que vuelve poco convincente ese argumento”, agregó el investigador de Cruzar, quien también integra la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

El caso de Balbi expone igualmente la situación de las familias de las víctimas, que a menudo quedan desamparadas, sin canales efectivos para acceder a información o reclamar justicia.

La falta de respuestas, las demoras y las contradicciones institucionales configuran un escenario de profunda desprotección.

Lejos de ser un hecho aislado o atribuible a un sector político específico, lo ocurrido refleja una lógica institucional más amplia, que atraviesa distintos organismos del Estado y ha sido, en los hechos, tolerada por sucesivos gobiernos.

Más allá de los discursos, persisten prácticas que obstaculizan el acceso a la verdad.

En ese marco, buena parte del sistema político se mantiene al margen, sin intervenir con la firmeza necesaria para revertir esta situación, lo que contribuye a perpetuar un esquema donde predominan la burocracia, las trabas administrativas y la opacidad.

El 20 de abril la jueza de lo Contencioso Administrativo María Eugenia Ferrer intimó al Ministerio del Interior a que entregue el citado memorándum en 72 horas.

Sin embargo, la cartera puede apelar la decisión.

“No tenemos idea de cómo va a reaccionar el Ministerio con relación al dictamen de Ferrer. Por lo pronto, lo que nos resta es la denuncia pública, que hemos hecho y seguiremos haciendo entendiendo que es la única arma que tenemos para luchar contra estos muros de impunidad”, finalizó Patiño.