Según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), las colmenas que se vieron afectadas superan las 13.000. Teniendo en cuenta que en cada colmena viven miles de insectos, el total de abejas exterminadas es sideral.

Para la Asociación de Ingenieros Agrónomos, sin embargo, se trata de una cifra “marginal” teniendo en cuenta que en Uruguay el total de colmenas supera las 600.000.

Gustavo Fripp, productor apícola y delegado del MGAP ante la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, no está de acuerdo con esa organización estrechamente vinculada a los grandes productores agrícolas.

“Algo nos está diciendo este fenómeno”, dijo al cotidiano La Diaria, y señaló que en el 20 por ciento de las casi 14.000 colmenas afectadas la mortandad fue total, en otro 50 por ciento hubo afectaciones “muy graves” y en el restante 30 “se ve despoblamiento y abejas muertas” pero en grado relativamente menor.

En el 50 por ciento de colmenas con afectaciones “muy graves” de los ocho a diez panales que albergaban ahora tienen apenas dos o tres.

Tras una reunión realizada a fines de noviembre entre representantes del MGAP, la Universidad de la República y productores apícolas y agrícolas se decidió el envío de muestras de abejas, polen y cera a laboratorios nacionales y extranjeros.

“Los laboratorios uruguayos tienen una capacidad analítica muy buena, pudiendo identificar en el entorno de los 100 principios activos” de plaguicidas, pero otros del exterior permiten identificar hasta 600 principios activos.

“La agricultura hoy tiene un paquete tecnológico con un uso de agroquímicos muy intensivo, donde siempre hay algún tipo de derivación que afecta a otros grupos”, dijo Fripp.

“Quizás se necesitan también más normativas, corregir las que ya están vigentes o mejorarlas, porque es evidente que está habiendo problemas y tenemos que tratar de solucionarlos”.

Según un estudio académico realizado en mayo de 2024, América Latina es una de las regiones del planeta donde más se pierden abejas cada año: 30 por ciento. Uruguay supera ese promedio, con al menos 32 por ciento.

Las denuncias que llegan a ser analizadas son pocas, por una serie de dificultades que incluyen la resistencia de los agricultores a ser inspeccionados.

“El productor prefiere no denunciar a nivel del MGAP porque genera más perjuicios que beneficios”, alertó Roberto Linares, un apicultor del departamento de Paysandú, limítrofe con Argentina.

“Nunca va a haber una reparación” adecuada a los afectados, advirtió también.

“La colmena no la vas a tener más, no vas a tener producción, podrías llegar a tener después de mucho tiempo un dinero que no repara el daño, mucho menos el daño medioambiental y psicológico, el daño social”, dijo, y reclamó que el MGAP actúe para evitar que el problema se produzca.

Y hay un problema que trasciende a los apicultores y que “no se mide en dinero”.

“La afectación a los polinizadores hay que medirla en el daño medioambiental y el daño de la producción, de la calidad de lo que vamos a comer”, le dijo Linares a La Diaria.

“Las abejas son el principal bioindicador de las condiciones ambientales. Toda implicancia que haya en el medioambiente se va a ver reflejada en las colmenas y las abejas lo van a estar relatando”, consideró a su vez Fripp.

Las abejas, concluyó, “nos están prendiendo una luz amarilla”.

La Rel UITA junto al Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH), ha venido, desde hace años alertando sobre los efectos negativos del uso intensivo de agrotóxicos en la salud de las personas y en los ecosistemas, incluyendo a los polinizadores.

Buscamos visibilizar cómo las prácticas agrícolas actuales, con elevados niveles de fumigaciones, impactan tanto en las condiciones laborales como en el ambiente, y en la necesidad de promover políticas más estrictas y modelos productivos sostenibles.

Es urgente que tomemos conciencia de que es imprescindible un nuevo modelo de producción agrícola que respete la biodiversidad y las especies que hoy están en riesgo.

Un modelo que coloque en el centro de sus motivaciones la supervivencia de la humanidad y de la naturaleza, y no las cuentas bancarias de las transnacionales.

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