El proyecto se había presentado como una propuesta «verde», que reutilizaría CO₂ emitido por ALUR. Sin embargo, el 95% del CO₂ provendrá de la quema de residuos forestales, y no de emisiones reutilizadas.

Esto convierte al proyecto en una nueva fuente de contaminación, y no en una solución climática. Aunque se promociona como parte de una transición energética global, en realidad sirve los intereses energéticos del Norte Global, usando recursos del Sur.

El gobierno uruguayo modificó la delimitación del área protegida para facilitar la instalación de la planta, eliminando zonas de amortiguación ecológica, pero de instalarse implicará tala de bosque nativo, construcción de ductos, carreteras, líneas eléctricas y una toma de agua cercana a una isla protegida.

Generará contaminación del aire, ruido, temperatura, y riesgo de incendios o derrames tóxicos.

La ciudad de Colón (Argentina), situada a solo 2 km del proyecto, denuncia que se afectará su turismo y calidad de vida. El proyecto ignoró inicialmente a Colón en su análisis de impactos, pese a que los vientos predominantes van en esa dirección.

Las antorchas y chimeneas (de hasta 80 metros de alto) serán visibles desde la costa argentina, con emisiones tóxicas constantes.

En Paysandú, movimientos ciudadanos impulsan iniciativas legales para frenar el proyecto, promoviendo la declaración de reserva natural en los terrenos donde se instalaría HIF.

Otra propuesta más amplia busca prohibir proyectos industriales como este en todo el departamento.

Argentina también ha elevado el reclamo: el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, pidió formalmente cambiar la ubicación de la planta y planea regresar a Uruguay en octubre.

Las modificaciones al proyecto no han resuelto las objeciones centrales. El proyecto se considera un fraude ambiental, que beneficia a las empresas forestales bajo una fachada ecológica.