Una maestra denunció una fumigación con glifosato en las inmediaciones de una escuela rural del departamento uruguayo de Paysandú. El Ministerio de Agricultura comprobó que tenía razón. La respuesta del administrador del predio deja helado: “no se puede producir de otra manera”.

Un día de junio pasado –no cualquiera: 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente– una docente de la Escuela Agraria de la localidad de Guichón sintió un “olor muy fuerte” en el predio del establecimiento.

Poco tardó en que la garganta le ardiera, y luego el estómago.

Un “mosquito”, una máquina fumigadora de agrotóxicos, acababa de lanzar su carga de agrotóxicos sobre cultivos de soja aledaños a la escuela. Había en el lugar unos 80 alumnos, e incluso un bebé, hijo de una estudiante.

La maestra presentó una denuncia ante el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y esta semana se supo que una inspección realizada en la escuela encontró en las hojas de los árboles y el césped del patio una concentración de glifosato de 0,046 partes por millón.

La fumigación se había hecho respetando la distancia mínima de 300 metros entre la escuela y el área de cultivo, pero el glifosato había derivado.

El propietario del predio fue hallado responsable de violar un decreto según el cual “toda aplicación de productos fitosanitarios que se efectúe a cualquier título, sea de naturaleza comercial o no comercial, deberá realizarse sin que se produzca deriva, siendo responsabilidad del aplicador los posibles daños que la misma pueda ocasionar”.

Poco le importó el hecho al administrador del campo, David Helguera, dirigente local del conservador Partido Colorado, que responsabilizó a la maestra de actuar de “mala fe” y de preocuparse solo por “escrachar” a quienes “producen” y enchastrarlos” y defendió al propietario del terreno por la fumigación.

El colectivo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales le respondió.

“Desde hace más de una década nuestra organización ha venido señalando la problemática ambiental y la posible afectación a la salud humana en la zona vinculada a los nuevos modelos productivos; el forestal y el agronegocio sojero”, escribió el grupo en un comunicado.

“Con el transcurso del tiempo se ha podido reunir algunas evidencias que señalan los riesgos a los que nos exponemos las comunidades en las que se da este modelo de desarrollo”, agregó.

Solo a modo de recordatorio: hace ya más de diez años que un organismo perteneciente al sistema de Naciones Unidas declaró al glifosato potencialmente cancerígeno para los seres humanos, confirmando denuncias previas de personas contaminadas e investigaciones independientes.

Desde entonces las empresas Monsanto, la transnacional estadounidense que fabrica este herbicida, y la alemana Bayer, que adquirió Monsanto, han acumulado condenas en juicios iniciados por trabajadores agrícolas que se han enfermado por haber estado en contacto, en distintos grados, con el glifosato.

Y desde mucho antes sindicatos agrícolas, organizaciones campesinas y colectivos de lo más variados vienen difundiendo y aplicando técnicas de producción libres de agrotóxicos.