El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, y representantes de la firma multinacional HIF Global firmaron el jueves un Memorándum de Entendimiento -en realidad, un precontrato de inversión- reiterando la práctica de negociaciones secretas de los contratos por las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata, con concesiones económicas extraordinarias, blindaje tributario y compromisos políticos inexcusables.

“El Objeto del presente MOU (Memorándum de Entendimiento, las siglas en inglés) es definir un plan de trabajo con hitos y plazos para cada una de las partes, con la finalidad de promover el desarrollo del Proyecto HIF. El presente MOU es vinculante para las Partes”, expresan.

Como el contrato entre la República Oriental del Uruguay (ROU) y UPM. firmado en 2017, en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, el gobierno asume obligaciones sin que HIF se comprometa a realizar efectivamente la inversión.

“ROU y HIF reconocen que el éxito del Proyecto HIF y la obtención de una Decisión Final de Inversión (DFI) positiva por parte de HIF está condicionado a lograr un acuerdo sobre aspectos claves y al cumplimiento de una serie de condiciones de factibilidad”, establece el MOU.

De esta manera, el gobierno uruguayo se vuelve rehén de HIF, buscará satisfacerla en todo dado que puede desistir de la DFI sin ninguna responsabilidad por el abandono del contrato.

Sin denotar ninguna sensibilidad por los cuestionamientos del lado uruguayo y argentino, por la localización de la planta al lado de un Área Natural Protegida y frente a la ciudad de Colón, el MOU reitera la ubicación actual del proyecto:

“El Proyecto HIF se emplazará en los padrones N°11.950 y N°11.951 de la 12° Sección Catastral del departamento de Paysandú, habiéndose ajustado el emplazamiento de la planta para ampliar el área de servicio ambiental”.

Esa ubicación coincide con la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) otorgada, aunque está supeditada a la evaluación ambiental, como han resaltado los técnicos del Ministerio de Ambiente.

Sin embargo, a partir del MOU, esa evaluación tendrá un fuerte condicionamiento político: “Las partes realizaran los mayores esfuerzos a los efectos de la obtención de la Autorización Ambiental Previa por parte del Ministerio de Ambiente que viabilice el proyecto HIF” (sic).

El acuerdo entre el gobierno y HIF reconoce asimismo como pendientes tres contratos: con ALUR, por el suministro de dióxido de carbono y el uso de sus instalaciones, con límite para firmarlo el 15 de marzo de 2026; con la empresa estatal de electricidad UTE, por las obras de infraestructura de redes eléctricas y la provisión de energía adicional requerida por el proyecto; y con OSE, por la conexión de los efluentes de la planta de HIF al colector industrial de Paysandú para su descarga en el río Uruguay.

Además de la promoción del proyecto de HIF por la COMAP (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones), el gobierno uruguayo anticipa la concesión a la multinacional de beneficios fiscales tales como la exoneración del Impuesto al Patrimonio, por toda la vida útil de sus instalaciones, y exoneración total o parcial del Impuesto a la Renta de los No Residentes.

No figura la concesión de zona franca como a las plantas de celulosa, pero no hay que apurarse. Ya vendrá.