El próximo martes 22, los trabajadores volverán a reunirse con la empresa para abordar varios puntos clave: la instalación de los Consejos de Salarios, una reestructura de tres puestos de trabajo, la reorganización horaria en el sector de mantenimiento, y el posible retorno de los trabajadores a partir del 1º de agosto.

Según la empresa, el 70 por ciento de la planta retomará actividades a comienzos del mes próximo, y el 30 por ciento restante lo hará hacia mediados de agosto.

“No sabemos si volveremos todos o solo algunos”, comentó Eduardo Alza, dirigente sindical, a El Telégrafo. También informó que el jueves 24 recibirán a la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN), y que posiblemente se concrete una reunión con la gerencia de la fábrica.

En junio comenzaron las gestiones en la Junta Departamental, aunque sin mayores avances debido a que coincidieron con una etapa de transición institucional.

Luego, los trabajadores se reunieron con los diputados por Paysandú, quienes facilitaron el contacto con la Comisión de Asuntos Laborales. También contaron con el apoyo del senador socialista Gustavo González, quien gestionó una audiencia en el Senado. Allí, fueron recibidos por los senadores Graciela Bianchi, Oscar Andrade, Robert Silva y el propio González.

Los parlamentarios destacaron el estilo de movilización del sindicato, así como su proyecto de ecogeneración mediante paneles solares.

Alza señaló que desde la empresa se argumenta que la planta de Paysandú es “la maltería menos competitiva” del grupo en Uruguay, lo que la deja en una posición más vulnerable frente a los vaivenes del mercado.

Indicó que, a diferencia de la planta de Nueva Palmira —ubicada cerca del puerto y que no redujo personal—, en Paysandú se intenta contrarrestar el impacto con propuestas concretas. Una de ellas es la implementación de paneles solares, proyecto que fue presentado tanto en el Senado como a la empresa con el asesoramiento de ingenieros locales.

Los senadores elogiaron la iniciativa, lo que derivó en una rápida reunión con la ministra de Industria, Fernanda Cardona. En paralelo, la empresa reconoció que había trabajado en un anteproyecto similar hace cinco años, pero que lo había descartado.

Tras conocer la propuesta del sindicato, reactivaron el plan y están considerando una versión más ambiciosa, con una meta de ahorro energético del 30 por ciento, en comparación con el 3 por ciento estimado originalmente.

A pesar de esto, la empresa aclara que esta medida no resolvería por sí sola los problemas de competitividad.

En julio, cinco trabajadores retornaron a sus funciones por tareas de mantenimiento, mientras que 26 siguen en seguro de paro y otros agotan sus licencias o pertenecen a cargos de confianza.

A comienzos de julio, el sindicato se reunió con el director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Ing. Agr. Agustín Giudice, para expresar su preocupación por la exportación de cebada cruda. Giudice reconoció la posibilidad de establecer medidas de protección que prioricen el abastecimiento local antes de permitir la exportación, como forma de sostener la producción nacional y proteger al agricultor.

Sin embargo, también aclaró que no tiene competencia directa en esa decisión y que la trasladaría al ministro de Ganadería Alfredo Fratti, aunque hasta el momento no hubo novedades.

Este mes comenzaron las reuniones por los Consejos de Salarios. Aunque no están directamente ligados al conflicto, se desarrollan en un contexto poco favorable: con trabajadores en el seguro, sin producción vendida y con previsiones similares para el año próximo.

Según Alza, el sindicato no espera apoyo para sus demandas salariales, dado que las pautas marcadas por el Poder Ejecutivo no contemplan incrementos sustanciales para el sector.