Impuestos a los agrotóxicos
El gobierno uruguayo defiende aplicar el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los agroquímicos, mientras el principal partido de la oposición conservadora adelantó que buscará eliminar el artículo del proyecto de Ley de Presupuesto que grava el uso de estas sustancias. Para el economista Martín Sanguinetti, más allá de los impuestos hay que manejar un plan de eliminación total de esas sustancias.
Víctor Bacchetta
29 | 10 | 2025

Foto: El Zumbido
«Sólo con impuestos no alcanza. Es necesario un buen diagnóstico, con un plan para que estos productos disminuyan su uso y que muchos sean eliminados», dijo a El Zumbido Sanguinetti.
Fitosanitarios, plaguicidas, herbicidas, funguicidas, agroquímicos, agrotóxicos. No importa el nombre. Lo importante es que se trata de productos químicos que son utilizados en la actividad agrícola para controlar plagas y malezas y su uso excesivo o indebido causa problemas de salud y ambientales.
Está comprobado que muchas de estas sustancias contaminan el suelo, el aire y el agua. Eso sin contar que reducen el valor nutricional de los alimentos y afectan la salud de los trabajadores que realizan actividades agrícolas.
Con los votos del Frente Amplio y de los dos legisladores de Identidad Soberana, en la Cámara de Diputados se aprobó el artículo del proyecto de la Ley de Presupuesto quinquenal que aplica Imesi a las “sustancias activas de alta peligrosidad, utilizadas en productos fitosanitarios comprendidos en las categorías 1a o 1b, según la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en otros productos no comprendidos en las categorías anteriores que establezca el Poder Ejecutivo, previa evaluación técnica”.
“Quedan comprendidos en el presente numeral los productos fitosanitarios, y cualquier otro producto que contenga las sustancias activas a que refiere el inciso anterior”, señala el texto aprobado en Diputados.
Este artículo también faculta al Poder Ejecutivo a fijar montos diferenciales para las distintas sustancias activas incluidas, considerando criterios de peligrosidad para la salud humana y el ambiente, así como a “establecer montos diferenciales según la sustancia activa esté contenida en un producto de los mencionados en el segundo inciso, o se trate de materia prima para la formulación a nivel nacional”.
Además, establece que el destino de lo recaudado será un 50 por ciento al Fondo de Fomento de la Granja y el 50 por ciento restante al Fondo Nacional del Medio Ambiente (Fonama).
Los senadores del Partido Nacional anunciaron que esta semana comenzarán a dar “una pelea conceptual” para eliminar este artículo.
Esta decisión surgió luego de confirmar el rechazo que existe en una mayoría del sector agropecuario sobre esta idea.
“Más impuestos a la producción no es el camino”, aseguró el senador del Partido Nacional Carlos Camy en sus redes sociales.
En la previa, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado recibió la semana pasada a dirigentes de gremiales agropecuarias y a un grupo de productores hortícolas, frutícolas y lecheros para conocer su opinión sobre este artículo.
En el agro hay “absoluta unanimidad” en cuanto al rechazo de esta disposición, le dijo al diario La Diaria otro senador de ese partido, Sebastián da Silva.
Los legisladores opositores consideran que extender el Imesi a este tipo de productos no configura una medida de protección ambiental, sino que se trata de la creación de nuevos impuestos, en forma encubierta.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó que el gobierno tiene un diálogo fluido con las gremiales agropecuarias que manifestaron preocupación por el posible alcance del impuesto.
“Les hemos explicado que el alcance es absolutamente acotado y no se trata del inicio de un gravamen progresivo sobre otros productos”, explicó.
Da Silva sostuvo que “el impuesto, en algunos casos, va a ser más caro que el propio producto” y apuntó que se trata de un tema que “más que nada afecta a la salud humana, no ambiental”, por lo que no tiene sentido que el artículo esté incluido dentro de las partidas del Ministerio de Ambiente, en lugar de formar parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
“Se están metiendo en terreno ajeno”, aseguró el senador. En la misma línea, su colega y correligionario Sergio Botana dijo que “lo único que está haciendo el Ministerio de Ambiente es meterse para encarecer la producción”.
Botana se mostró partidario de sacarle el Imesi a los agroquímicos porque “los productores los tienen que usar”. Y remarcó que “no hay vuelta, no queda otra, si no, no podríamos entrar a los mercados mundiales. Nadie gasta en fitosanitarios de gusto”.

Foto: El Zumbido
Ortuño defendió la inclusión del Imesi a estos productos con el argumento de que “lejos de tener un objetivo recaudatorio, se trata de un instrumento ambiental establecido en la ley marco que busca incentivar prácticas productivas sostenibles”.
Además, dijo que el impuesto busca “desalentar el uso de fitosanitarios altamente peligrosos para la salud y el ambiente” y favorecer la transición hacia insumos naturales o biológicos.
El ministro subrayó que la medida se enmarca en una tendencia internacional y que Uruguay debe adaptarse a las exigencias de los mercados de exportación.
“En Europa ya no se admite el ingreso de productos que tengan huella de este tipo de agroquímicos”, dijo en declaraciones a la emisora M24.
Para Ortuño, este cambio normativo “no genera un costo adicional ni perjudica a la producción nacional, sino que avanza en el valor agregado ambiental como un diferencial de calidad para acceder a mercados más calificados”.
«Es necesario un buen diagnóstico, que del mismo se desprenda un plan y que considere un plazo para que estos productos disminuyan su uso y que muchos sean eliminados», dijo a El Zumbido Martín Sanguinetti, que integró la Cooperativa Comuna, dedicada al asesoramiento a organizaciones sociales, sindicales y cooperativas, y es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
–¿Cuál es el sentido de esta discusión desde el ángulo ambiental?
–Uruguay está muy atrás en las discusiones ambientales y en particular en las discusiones de los usos del suelo y el ambiente.
Ese atraso nos lleva a tener medidas parciales y mal atendidas.
En este tema en particular, usar los impuestos o los tributos, para ser más amplios, para desviar o corregir fallas del mercado, puede ser una buena herramienta o, al menos, es muy usada para temas ambientales y está justificada teóricamente por la economía ambiental, que es la escuela hegemónica.
En Uruguay los impuestos no se usan con este criterio y, si fuera bien usado, podría ser una herramienta útil. El tema es que, como está planteado, me genera dudas su señal y por tanto su alcance.
El impuesto grava los agroquímicos 1a y 1b, que son los más peligrosos para la salud humana y los ecosistemas. En nuestro país se usan casi que libremente.
Me parece que, si pretende ser una política ambiental sólida, debería ser pensada con seriedad. Es decir, un buen diagnóstico, que del mismo se desprenda un plan y que considere un plazo para que estos productos disminuyan su uso y que muchos sean eliminados.
En ese marco, creo que los impuestos son una herramienta posible entre muchas otras.
Por otro lado, me parece que deben pensarse los otros productos también, que son los más usados, como el glifosato.
Esto no es nada descabellado, la agricultura transgénica demandante – cada vez más intensiva y expansiva en el tiempo – de estos productos, genera enormes externalidades, que abaratan su estructura de costos y son muy el peligrosas para todas las personas.
Esto es reconocido por todos los organismos internacionales y deberíamos tener un plan para que esto retroceda o, al menos, que incorporen en los costos estos daños.
Por otro lado, tampoco está claro en la redacción de la ley el destino de esos fondos. Creo que en la discusión en diputados algo se afectó, pero nuevamente, en un plan sólido, esto es una discusión relevante: ¿se recauda con ese impuesto …. para qué?
-En definitiva, ¿es o no una manera eficaz de reducir el uso de agrotóxicos?
–De la respuesta anterior se desprende que sin un plan más amplio que tenga plazos que vayan hacia la prohibición de muchos de estas sustancias, no creo que sea una herramienta eficaz.
De hecho, nunca una política impositiva es una herramienta buena para reducir el consumo. Es decir, si suponemos que los precios son estáticos, pueden reducir un poco el consumo si afectan la estructura de costos y las empresas no pueden subir sus precios de ventas.
Pero en la medida que los precios aumenten, el consumo de agrotóxicos aumentará siempre.
–¿Puede tener el efecto de elevar los precios sin disminuir significativamete el problema?
–Esto puede pasar en la medida que los productores logren trasladar a precios el impuesto.
Puede pasar en las cadenas de mercado interno como la fruticultura y la horticulura que utilicen agroquímicos, pero en las cadenas de exportación como la agricultura transgénica, el arroz y los viveros forestales tiendo a pensar que le incrementa los costos y les baja las ganancias, porque los productores no tienen incidencia en los precios internacionales.
No obstante, tiendo a pensar que el peso de estos productos no debe tener una gran incidencia en las estructuras de costos de los productores.
