Los condenados por delitos de la dictadura seguirán presos
Por un momento hubo mucho temor, pero finalmente una reforma del Código del Proceso Penal (CPP) promovida por el gobierno uruguayo que contempla la posibilidad de libertad anticipada para presos que hayan cumplido tres cuartas partes de su pena excluirá a los detenidos por delitos vinculados con el terrorismo de Estado.
Daniel Gatti
15 | 4 | 2026
Así se lo aseguró el prosecretario de la presidencia Jorge Díaz a la asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y a Crysol, una organización que agrupa a ex presos políticos.
La redacción inicial del proyecto, que actualmente está a estudio de una comisión parlamentaria, habilitaba el pedido de libertad anticipada para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, entre otros delitos.
“No había sido nuestra intención, pero así era”, admitió días atrás una fuente de gobierno.
Las organizaciones humanitarias pusieron el grito en el cielo, viendo en la iniciativa la concreción de la aspiración de sectores del actual gobierno progresista de liberar a los (pocos) ex represores presos en aras de la “reconciliación”.
En esa línea estaban, por ejemplo, el ex presidente José Mujica y muchos de sus compañeros en el Movimiento de Participación Popular, la principal fuerza del gobernante Frente Amplio.
“Entendieron nuestras razones y nos dijeron que iban a buscar una solución para resolver este tema tan caro para nosotros”, dijo el lunes José Olivera, dirigente de Crysol, luego de reunirse, junto con representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, con el prosecretario Díaz.
La superpoblación de las cárceles ((Uruguay tiene uno de los mayores índices de encarcelamiento del mundo) llevó al gobierno de Yamandú Orsi a buscar mecanismos para descomprimirlas, entre ellos autorizar la liberación anticipada de condenados por delitos que hoy no podrían solicitarla.
Entre ellos iban a estar los militares y civiles que cometieron delitos en el marco del terrorismo de Estado, en los años 1970 y 1980.
“Otorgar la libertad anticipada a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, invocando el propósito de descomprimir la explosiva superpoblación carcelaria, nos parece deplorable y condenable”, había protestado Crysol.
“La señal que estaba dando el gobierno era muy mala”, dijo también Ignacio Errandonea, referentes de Familiares de Desaparecidos.
El Frente Amplio se comprometió a buscar una nueva redacción del artículo del proyecto de reforma del CPP de manera tal que ningún condenado por delitos vinculados con el terrorismo de Estado pueda ser liberado de manera anticipada.
