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La guerra contra los sectores populares

La violencia estatal contra la población negra y pobre en Brasil sigue un patrón, no es ni casual ni coyuntural, sino permanente y sistémica. Pero ahora el gobierno de Jair Bolsonaro milita abiertamente a favor de los uniformados, defiende la dictadura militar y niega que hayan existido torturas y crímenes.

Luciano Macedo, de 28 años, clasificador de residuos en la zona norte de Rio de Janeiro, fue “fusilado” por el Ejército el 18 de abril. El término fusilado fue utilizado por el diario conservador Folha de São Paulo (https://bit.ly/2vdp2Su).

Diez días antes, en la misma zona, Guadalupe, había sido asesinado el músico Evaldo Rosa, de 51 años, cuando el Ejército hizo 82 disparos al coche en el que viajaba, aduciendo que lo confundieron con delincuentes.

Luciano murió como consecuencia de las heridas recibidas cuando se disponía a ayudar a la familia de Evaldo, desesperada por la acción de los soldados.

Evaldo era negro. En Brasil es fácil “confundir” a un negro con un delincuente. Luciano fue muerto simplemente por realizar un acto humanitario con la familia de un músico al que no conocía, en un gesto que lo dice todo.

En los dos casos, pertenecían al sector social de los “descartables”, esa porción de la población que no tiene lugar en la sociedad actual.

En Brasil mueren todos los años 65 mil personas por hechos de violencia, en su inmensa mayoría negros y jóvenes. La cifra crece de año en año. En 2004, un año después de que Lula llegara al gobierno, había poco más de 48 mil homicidios anuales.

El aumento constante se registra desde mediados de la década de 1990 y atraviesa a todos los gobiernos, lo que indica que hay factores estructurales detrás de esta violencia.

Pero ahora se agrega algo nuevo y muy grave. El gobierno de Jair Bolsonaro alienta el odio y la violencia con sus políticas y con las polémicas declaraciones del presidente.

Ante estas muertes aseguró que “el Ejército no mató a nadie” y dijo que los sucesos fueron “un incidente”.

“El Ejército es del pueblo y uno no puede acusar al pueblo de ser asesino. Hubo un incidente, una muerte, lamentamos la muerte del ciudadano, trabajador, honesto, y está siendo investigada la responsabilidad”, dijo el mandatario.

Autodefensa

Hubo movilizaciones tanto en Rio como en São Paulo, y esto es importante porque una parte de la población parece decidida a defenderse, denunciando cada violación de sus derechos.

Los habitantes de las periferias urbanas de Brasil sufren permanentemente violencia policial y militar, o de las milicias protegidas por estas instituciones.

El 11 de noviembre de 2017 once personas fueron muertas en el Complejo de Salgueiro, en São Gonzalo, también en la zona metropolitana de Rio, en el marco de una operación conjunta entre el Ejército y la Policía.

El gobierno de Michel Temer, transfirió a la justicia militar tanto la investigación como el juicio de los homicidios cometidos por militares durante operaciones de seguridad pública.

La causa fue archivada por la justicia militar sin siquiera escuchar a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la masacre (https://bit.ly/2IFMxeR).

La “seguridad jurídica” ante los delitos de los uniformados ha sido decisiva a la hora de imponer la actuación de las fuerzas armadas en tareas de orden público.

Apenas tres meses después de la masacre de Salgueiro, el presidente Temer decidió la intervención militar en Rio.

La violencia estatal contra la población negra y pobre sigue un patrón, no es ni casual ni coyuntural, sino permanente y sistémica. La única diferencia es que ahora el gobierno de Bolsonaro milita abiertamente a favor de los uniformados, defiende la dictadura militar y niega que hayan existidos torturas y crímenes.

Sin duda, esta actitud facilita la labor genocida de las fuerzas armadas, las policías y las milicias, porque sienten que la impunidad está garantizada.

Las causas reales y estructurales de la violencia

Creo, no obstante, que es necesario desvelar las razones estructurales de esta violencia, ya que tanto el sistema como la propia izquierda tienden a atribuirla a razones culturales o casi accidentales, como la propensión a extralimitarse de las policías o la existencia de narcotraficantes y bandas armadas ilegales.

Eluden, sin embargo, el papel que cumplen unas y otros en el mantenimiento del orden social existente.

Hay por lo menos tres razones de fondo para que el modelo actual funcione de esa manera, no sólo en Brasil sino en toda América Latina, más allá de las particularidades de cada país.

La primera se relaciona con el modelo extractivo. Un modo de acumulación que se basa en el despojo de los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad, y un largo etcétera), es un modelo especulativo que no produce bienes sino que los extrae para convertirlos en mercancías o commodities.

No necesita por lo tanto productores ni consumidores, no integra sino expulsa, no genera empleo digno sino subempleo, precario, temporal y mal pago, y una elevada cantidad de desempleados estructurales.

A diferencia del período industrial, cuando el capital productivo necesitaba muchos obreros y muchos consumidores, ahora la población es un estorbo, un obstáculo a superar, que hay que amontonar en las periferias urbanas y vigilar de cerca por medios legales o ilegales.

La segunda son las continuidades respecto a la dictadura.

El régimen actual, elecciones sin democracia real (porque no podemos elegir el modelo económico), fue implementado gracias a la represión de las dictaduras que crearon las condiciones para que las grandes empresas invirtieron sin riesgos de enfrentar huelgas, sindicatos bien organizados y gobiernos susceptibles de ponerles límites.

La continuidad del modelo económico va de la mano con la continuidad de esas fuerzas armadas y policiales que desaparecieron y torturaron, y que nunca fueron depuradas de la lógica que las llevó al genocidio.

La tercera surge de la dos anteriores: vivimos en sociedades donde la mitad de la población “sobra”, desde la lógica del capital, porque no pueden ser integradas ni pueden aspirar a mejorar su situación económica y social.

Una guerra civil legal

Por lo tanto, esos millones son estructural y potencialmente anti-sistémicos y deben ser militarizados.

Para ese sector, se aplica perfectamente la definición de totalitarismo del filósofo italiano Giorgio Agamben:

“La instauración, mediante el estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político”.


Raúl Zibechi – Especial para Rel UITA