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Violencia contra los pueblos

Aprovechan la pandemia para aplastar las resistencias

Desde que el Supremo Tribunal Federal de Brasil prohibió el patrullaje y las operaciones policiales en las favelas, las muertes en cayeron un 76 por ciento. Lo que demuestra que si el poder político tiene voluntad, la violencia puede caer sensiblemente.
Foto: Gerardo Iglesias | Urabá, Colombia

Según datos del Instituto de Seguridad Pública de Rio, las muertes cayeron de 348 en junio y julio de 2019 a 84 en el mismo período de este año.

El 5 de junio el Supremo determinó que sólo en casos extraordinarios podía haber operaciones policiales en las favelas, pero que deberían adoptarse “cuidados excepcionales” para que la población no sea colocada en riesgo, según O Globo (https://glo.bo/2QXPEBx).

La decisión del Supremo fue consecuencia de una seguidilla de crímenes en favelas de Rio, a manos de la policía militar, cuyas víctimas fueron niñas y niños. “No hay justificación para que un niño de 14 años reciba más de 70 disparos. El hecho es indicativo, de que no se hará nada para reducir la letalidad policial, una situación que en nada respeta la Constitución”, escribió uno de los miembros de Supremo (https://glo.bo/356npsS).

Si extrapolamos lo que viene sucediendo en Honduras, en Colombia y en México, por poner tres ejemplos quizá extremos, podemos concluir que durante la pandemia se está ejecutando un plan de exterminio masivo de los movimientos populares más contestatarios, aquellos que están dificultando el pleno despliegue de las políticas extractivas.

Un plan sistemático

En Honduras, la desaparición reciente de cinco garífunas en el Caribe y el encarcelamiento de ambientalistas, están relacionadas con el avance de un megaproyecto turístico. Estas acciones recuerdan la década de los 80, cuando jóvenes estudiantes hondureños fueron desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado.

La represión en curso se complementa con el saqueo de recursos destinados a los pacientes del Covid-19 y las tácticas del gobierno de imponer un toque de queda para imponer el terror como práctica de Estado, denuncia la Convergencia contra el Continuismo (https://bit.ly/35o9df5).

Durante la pandemia, se registraron 50 mil denuncias por violencia doméstica que ha dejado ya 200 muertes. En los últimos 10 años el gasto en defensa y seguridad que se multiplicó por cuatro, pero la violencia sigue en un nivel escandaloso. En lo que va del año Honduras contabiliza 31 masacres u homicidios múltiples (25 de estas registradas durante la cuarentena).

Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, explica lo que sucede:

“Mantener a la población en cuarentena, encerrada en sus hogares, no ha implicado que haya menos violencia, sigue desarrollándose y quitándole la vida a miles de hondureños”.

Muchas veces estos delitos son presenciados por ciudadanos que mencionan que sus autores andan con indumentaria militar (https://bit.ly/3bERIbq).

Una violencia endémica

Colombia vive una de sus etapas más violentas y oscuras desde la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el Estado y las FARC. En 2017, según la ONU, se registraron 11 matanzas. En 2018 fueron 29 y el año pasado, 36. Los primeros ocho meses de 2020 revelan que el aumento es aún más pronunciado: las masacres ascienden a 46 (https://bit.ly/3bzX5IA).

Uno de los departamentos más afectados es el Cauca, donde los pueblos agrupados en el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) ofrecen tenaz resistencia al modelo de muerte.

En la cuarta parte del Cauca se busca petróleo y en el 40% de la superficie se explora en busca de metales. Además se pretenden construir dos grandes carreteras y un puerto de aguas profundas en el Pacífico.

“El avance de la expansión paramilitar refleja no sólo el fracaso de los procesos de justicia y paz, sino la falta de voluntad del actual gobierno por desmontar las estructuras paramilitares, quienes tienen connivencia con agentes del Estado en diferentes regiones del país”, sostiene Camila Galindo, abogada del Observatorio de Derechos Humanos (https://bit.ly/2FagWCa).

Terrorismo, narcos y saqueo

En México la violencia ha crecido en el último año, asociada a los proyectos extractivos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico. De modo muy particular, en el sureste, en Chiapas, pero también en la península de Yucatán y en todas las áreas donde se adelanten megaproyectos.

“Chiapas es el estado más militarizado del país” escribe el periodista Zósimo Camacho. Más aún que aquellos donde los cárteles del narcotráfico dominan regiones y protagonizan matanzas. Mientras en Chiapas hay 12.000 militares, en Durango hay poco más de 4 mil, en Sonora 6 mil y en Chihuahua 7 mil.

“Además, la Guardia Nacional pretende construir cuarteles dentro de los propios municipios autónomos zapatistas o zonas con bases de apoyo”, escribe en Contralínea (https://bit.ly/35jxjaN).

El periodista destaca: “Chiapas es la entidad de la República en la que menos delitos se cometen y no hay matanzas entre cárteles ni mucho menos. Durango, Sonora y Chihuahua están bajo intensas disputas entre ejércitos privados del Cártel de Sinaloa y el de Juárez, con incursiones del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Matanzas con decenas de vidas segadas, previas sesiones de tortura luego transmitidas por redes sociales para generar terror”.

La pandemia como excusa

Se imponen algunas conclusiones.

La primera es que todos los datos indican que las grandes transnacionales están aprovechando la pandemia para intensificar el modelo de destrucción que llamamos “neoliberalismo extractivista”.

En toda América Latina y, probablemente, en todo el mundo. El encierro forzado de millones de personas, lo consideran como una oportunidad de oro para neutralizar las trabas que tenían, que son básicamente los pueblos organizados, los movimientos sociales y sindicales.

La segunda es que están lanzando al ruedo artillería pesada: policías y militares, paramilitares y narcos, y todo aquello que les permite desplazar pueblos enteros. En este punto, por duro que sea reconocerlo, las fronteras entre conservadores y progresistas tienden a difuminarse, porque el modelo es una realidad estructural, que no puede neutralizarse con políticas sociales.

Ingresamos en un período extremadamente complejo, donde sólo la resistencia de las clases trabajadoras puede crear las condiciones para un futuro mejor.

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