En un contexto tan desalentador como el actual, donde se derrumba la institucionalidad, se allana el camino a la corrupción y al crimen organizado, se profundizan los ataques contra la oposición política y social y se promueve la militarización de la sociedad, lo mínimo que pueda pasar es un aumento exponencial de la violencia homicida.

Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), durante los cuatro años de gobierno progresista de Xiomara Castro la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo casi a la mitad, pasando de 41,7 en 2021 a 23,2 en 2025.

En cambio, durante los primeros meses de 2026 se observa una preocupante inversión de la tendencia, con 598 muertes violentas en el primer trimestre, incluyendo seis masacres, lo que equivale a un aumento del 6 por ciento con respecto al año anterior. Entre las víctimas, hay al menos 137 menores y 70 feminicidios.

Aprovechando estas cifras, una amplia mayoría parlamentaria bipartidista acaba de aprobar unas reformas del código penal que, además de endurecer las penas contra la extorsión y redefinir el delito de “asociación con fines terroristas”, deja la puerta abierta a interpretaciones extensivas que podrían utilizarse contra sectores sociales que ejercen el derecho legítimo a la protesta pacífica.

Asimismo, se endurecen las penas por el delito de usurpación, arma privilegiada del poder fáctico contra las organizaciones campesinas y los pueblos negros e indígenas de Honduras. La aplicación simultánea de los delitos de terrorismo y usurpación conllevaría penas que oscilan entre los 25 y los 35 años de prisión.

Además, la “lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo” suele ser una herramienta de los gobiernos ultraconservadores alineados con Washington para justificar medidas represivas excepcionales y la militarización de los territorios.

En fin, se trata de un auténtico círculo vicioso en el que la política adopta un modelo que genera exclusión, miseria y violencia, y recurre a medidas represivas extremas para controlar sus efectos. Eso genera una nueva escalada de violencia, alimentada por la impunidad, cuyas víctimas son esos mismos sectores en resistencia que ven sistemáticamente pisoteados sus derechos.

Es en este contexto que el pasado 21 de mayo fueron masacrados 20 campesinos, entre ellos dos adolescentes de 14 y 16 años y tres hermanas de 28, 30 y 33 años, en un sector de la comunidad de Rigores (Colón), cuando se dirigían a trabajar a una plantación de palma africana (Paso Aguán).

Unos días antes habían denunciado públicamente la irrupción de agentes de policía que habían asaltado casas y pequeños puntos de venta, destruyendo y quemando muebles, electrodomésticos y productos alimenticios.

La misma zona ha sido escenario de incursiones de grupos criminales que se dedican, con total impunidad, a desalojar a cientos de familias que han recuperado tierras y territorios¹.

Después del golpe de 2009, el proceso de recuperación de tierras de reforma agraria en manos de productores palmeros ha sido brutalmente reprimido. Más de cien han sido asesinados, entre dirigentes y miembros de cooperativas agrarias, en total impunidad en los últimos 15 años.

“El conflicto surge de la decisión política de arrebatar las tierras a los campesinos y devolvérselas a los terratenientes y a la agroindustria. Quien se atreve a protestar es criminalizado, detenido, expulsado, asesinado”, denuncia el Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

“El crimen organizado, la agroindustria y el Estado están implicados y persiguen los mismos objetivos. Para resolver esto no sirve la militarización de los territorios sino justicia agraria, investigaciones independientes y cárcel para los asesinos y los autores intelectuales”, señala.

Un escenario en perfecta sintonía con lo expresado por Juan Orlando Hernández en las grabaciones publicadas² por Canal RED y Hondurasgate. “En Honduras se necesita fuerza, logística y sangre. Si quieres controlar a la gente, debes reprimirla, exprimirla, debes contrarrestar la violencia generando violencia”, dijo el expresidente condenado por narcotráfico en Estados Unidos e indultado por Donald Trump.

Tiempos difíciles que ameritan resiliencia, organización y unidad del pueblo organizado.