Cuatro trabajadores migrantes (tres afganos y uno paquistaní) murieron quemados vivos en un auto en el que fueron encerrados. Un quinto, también paquistaní, pudo escapar rompiendo una ventana del vehículo y se encuentra en estado grave.

Los cinco se habían rebelado porque quienes los habían llevado a un campo en el que participarían en la recolección de fresas querían cobrarles cinco euros a cada uno por el transporte. Lo que ganarían en la jornada apenas iba a superar esa suma.

Los responsables directos de la masacre serían intermediarios paquistaníes al servicio de una red de empresarios que explotan a trabajadores agrícolas migrantes.

La Federación de Trabajadores Agroindustriales de Italia (FLAI), afiliada a la central sindical CGIL, se encuentra actualmente en contacto directo con el único trabajador sobreviviente, al que garantizará toda la protección y el apoyo sindical y legal necesarios.

Así lo declaró en un comunicado el secretario general de la FLAI CGIL, Giovanni Mininni.

«Las palabras del sobreviviente, recabadas directamente por la seccional de la Federación en la zona, confirman la existencia de un sistema de chantaje feroz, en el que el derecho al trabajo y a la dignidad se cambia por la mera subsistencia, anulando derechos”, dijo Mininni.

“Si las investigaciones confirmaran que nos encontramos ante un acto punitivo contra quien ha intentado rebelarse, la respuesta de la FLAI será muy dura”, agregó.

La Federación reclamó la identificación no solo de los integrantes de la red de caporales paquistaníes, sino también de sus mandantes, que “constituyen un auténtico sistema organizado para la explotación de los trabajadores agrícolas”.

También exigió al gobierno que intensifique de inmediato las inspecciones en el sector agrícola, incluso con la ayuda de las fuerzas del orden, y al instituto de seguridad social la plena aplicación de la Ley 199 contra la explotación y el caporalato¹.

Pidió en ese sentido la creación de secciones territoriales en cada provincia y la aplicación, por fin, del plan de acogida a los trabajadores migrantes dispuesto en esa ley, aprobada hace diez años pero hasta ahora nunca implementado.

En los últimos 15 días, once migrantes murieron en labores agrícolas en Italia por la superexplotación a la que son sometidos en medio de una ola de calor extremo.

“No queremos seguir asistiendo a muertes anunciadas, a ver cómo se siguen violando los derechos y pisoteando a las personas para garantizar la comida en nuestras mesas. Es un precio demasiado alto que ya no queremos pagar”, concluyó Mininni.