Con el voto mayoritario del bipartidismo impulsor del modelo neoliberal extractivista, el pasado 3 de junio el Congreso Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Para el movimientos social y popular, la nueva normativa abre la puerta a más criminalización y persecución.

Entre los puntos clave, la nueva ley declara la actividad agroindustrial como de orden público, interés y prioridad nacional, al tiempo que proclama la inafectabilidad de los terrenos destinados a la producción agroindustrial y los “protege” frente a procesos de reforma agraria o causas de utilidad pública.

Cualquier afectación de actividades agroindustriales o del transporte de productos perecederos será considerada una “amenaza al interés económico general”. Por lo tanto, la normativa establece mecanismos para ordenar desalojos inmediatos ante ocupaciones, tomas o bloqueos.

También otorga prioridad absoluta a los trámites legales y concede “silencio administrativo positivo” para acelerar licencias ambientales, permisos de operación, registros y autorizaciones de transporte.

De esa forma, la nueva ley no sólo crea un régimen extraordinario de protección para la actividad agroindustrial en sí, sino que blinda tierras, infraestructuras, inversiones, transporte y cadenas logísticas en manos del gran capital nacional y transnacional.

Contra las nuevas medidas, cuyo texto fue presentado descaradamente apenas cuatro días después de la masacre de veinte campesinos en el Bajo Aguán¹, se ha expresado un amplio abanico de organizaciones sociales y populares.

Durante un mitin en el parque central de Tegucigalpa, más de treinta organizaciones han manifestado su más firme rechazo a una normativa que “criminaliza la protesta” y que constituye “una amenaza directa contra los derechos territoriales, la soberanía alimentaria, los bienes comunes y la vida misma de las comunidades”.

Para las organizaciones, se trata de una iniciativa legislativa claramente “inconstitucional y discriminatoria” que “profundiza las condiciones que históricamente han favorecido el despojo, la persecución y el asesinato de personas defensoras de la tierra y los territorios”.

Además, legaliza e instituye un “régimen de privilegios para los grandes agroindustriales, desconoce y anula derechos históricos sobre tierra y territorios, debilita los controles ambientales y viola el derecho a la consulta previa, libre e informada”.