Había que concretar el regreso de la democracia, recuperar la industria nacional, salir de la dolarización de la economía cotidiana, frenar la extranjerización de los medios de producción, pagar la deuda externa, cerrar la fuga de capitales, reinstalar los derechos políticos y construir memoria, verdad y justicia.

Mientras el dolor por 30 mil desaparecidos y los muertos en Malvinas encabezaba la larga lista de ausencias, una sociedad malherida por el terrorismo de Estado tenía en sus manos la impostergable obligación de seguir adelante.

Los culpables se guardaban hasta nuevo aviso. El “poder real” había condicionado a la democracia, en nombre de los centros financieros de poder.

“El próximo gobierno estará tan inhibido para actuar, que virtualmente estará condenado al fracaso”, dijo Juan Alemann el 15 de junio de 1982, el día que nació la “desmalvinización”.

Con la firma del ministro de Educación d la época, Cayetano Licciardo, los establecimientos educativos recibieron una circular que relativizaba la derrota.

El documento mostraba planteos cínicos e hipócritas, como definir a Argentina como “reserva moral y cultural de occidente”.

“El heroísmo es un valor superior a la victoria. La ocupación del 2 de abril de 1982 fue un acto de recuperación, como afirmación de derechos y no de provocación o agresión”, decía el texto.

Ese mismo día, estaba prohibido hablar de rendición. “El combate de Puerto Argentino ha finalizado”, dijo el dictador Leopoldo Galtieri por cadena nacional.

Cuarenta y ocho horas después apareció en un cable de Associated Press el acta de rendición que la dictadura le escondía al pueblo: “Yo, el suscripto, comandante de todas las fuerzas argentinas de tierra, mar y aire en las islas Falkland, M.B.B. me rindo al mayor general J.J. Moore, en su carácter de representante del gobierno de Su Majestad Británica”.

Cuando los soldados regresaron el comité de bienvenida fue una amenaza. La dictadura deshilachada les exigió silencio, no hablar con la prensa, ni con la familia.

Una intimidación para guardar la verdad bajo siete llaves, mientras los uniformados organizaban la fuga. Violar esa “promesa” podía implicar la formación de un Consejo de Guerra. Lo sucedido en el sur no debía llegar a la población.

Los militares necesitaban impedir que los partidos políticos transformasen el dolor en descrédito. El retorno de democracia era inminente y las Fuerzas Armadas tenían que impedir que se genere en la civilidad, un espíritu colectivo de resentimiento e indignación.

Los excombatientes fueron guardados en ámbitos castrenses prohibidos para cualquier argentino que quisiera abrazarlos. Durante días, los civiles gritaban desde los portones de las guarniciones los nombres de los que no sabían si estaban con vida. Y nadie contestaba.

Los soldados volvieron a la vida militar para ser sometidos a un engorde que les cambie el semblante. A la incomunicación a la que los habían condenado, los militares la habían bautizado “recuperación” y el plan consistía en “inflar” a los desnutridos con toneladas de hidratos de carbono.

Los hijos del pueblo no fueron recibidos por la contención psicológica que requería semejante choque de frente con lo peor de la condición humana. Los esperaron agentes de inteligencia, para llenar las llamadas “actas de recepción”.

Fichas más frías que los días en Malvinas, en las que aparecía un escueto informe psicofísico: pie de trinchera, desnutrición, castigos corporales, tormentos, estaqueamientos y enterramiento en fosas, eran marcas en la piel que eludían los papeles.

Había que maquillar la perversidad de todos los jefes que reprodujeron en el escenario bélico, las únicas prácticas que traían de los campos de concentración de la dictadura; empezando por la tortura.

Seis días antes del fin de la rendición, Inteligencia del Ejército recomendó “realizar actividades de contrainteligencia y acción psicológica entre los heridos y enfermos” para contener la difusión de su situación a su regreso.

El texto hablaba de ejecutar “tareas de contrainteligencia local o acción psicológica individual para reafirmar conceptos”.

Ni siquiera sistematizaron la responsabilidad de informar las muertes, dato que en muchos casos fue acercado a los seres queridos de los caídos en combate, por los excombatientes.

Los que tenían que volver a sus provincias lo hicieron sin un peso en el bolsillo, muchas veces haciendo dedo en las rutas.

Rápidamente empezaba una nueva batalla para los sobrevivientes. En otro territorio, lejos de la turba, sin trincheras, ni enemigos armados, pero tan difícil como aquella.

Uno de los últimos actos del terrorismo de Estado fue la estrategia de invisibilización de los colimbas (los jóvenes que hacían el servicio militar) en el territorio.

El resultado del “aislamiento” les permitió comprar tiempo para escapar de la responsabilidad de las heridas del pasado reciente. Ganaron impunidad.

Elaborado por el coronel Mario Oscar Davico, subjefe II de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, se armaron instrucciones inéditas para soldados a punto de volver a ser ciudadanos. Una orden de silencio, que extendía para siempre los límites del Servicio Militar para los ex combatientes.

“Usted ha sido convocado por la patria para defender su soberanía y oponerse a intenciones colonialistas y de opresión. Ello le obligó a una entrega total y desinteresada. Usted luchó y retribuyó todo lo que la patria le ofreció: el orgullo de ser argentino. Ahora la patria le requiere otro esfuerzo:
– Usted no debe ser imprudente en sus juicios y apreciaciones. No proporcionar información sobre movilización, organización del elemento al cual perteneció y apoyo con los cuales contó.
– Destacar el profundo conocimiento y convencimiento de la causa que se estaba defendiendo.
– Exaltar los valores de compañerismo puestos de manifiesto en situaciones tan adversas.
– Remarcar que la juventud es capaz de hechos heroicos.
– No comentar rumores ni anécdotas fantasiosas, hacer referencia a hechos concretos de experiencias vividas personalmente”.

La dictadura emitió su último mensaje oficial sobre la guerra, el 18 de junio de 1982.

La derrota argentina terminó con Galtieri, el Ejército quedó en manos de Cristino Nicolaides y la liquidación del “Proceso” fue responsabilidad de Reynaldo Bignone.

Los dos generales activaron la necesaria desmalvinización, para evitar rendirse por segunda vez. Pero en este caso, ante la población argentina.

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