La industria turística española atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Los hoteles se modernizan, aumentan de categoría, incorporan nuevas tecnologías y registran cifras récord de ocupación e ingresos.

Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito persiste una realidad que rara vez ocupa titulares: las condiciones de trabajo de miles de personas que sostienen diariamente la actividad turística y, en particular, las de las camareras de piso.

Mientras el sector avanza en innovación y rentabilidad, la mejora de la salud laboral y el reconocimiento de la penosidad de esta profesión continúan siendo una asignatura pendiente.

Pocos colectivos han contribuido tanto al prestigio de nuestro turismo y, al mismo tiempo, han recibido tan poco reconocimiento.

Las camareras de piso soportan desde hace décadas una elevada carga física derivada de la limpieza y acondicionamiento de las habitaciones, la manipulación de colchones, el transporte de ropa y materiales, así como unos ritmos de trabajo cada vez más exigentes.

Las consecuencias son conocidas: lesiones musculoesqueléticas, enfermedades profesionales, bajas laborales y un desgaste físico y psicológico que se acumula año tras año.

Lo paradójico es que, mientras los establecimientos hoteleros invierten millones de euros en mejorar la experiencia de sus clientes, una parte importante de esas inversiones no se traduce en mejoras equivalentes para quienes realizan una de las tareas más duras y esenciales de la actividad hotelera.

Es más, en muchos casos las transformaciones introducidas en los hoteles han incrementado las exigencias físicas del trabajo.
Los colchones son más grandes y pesados; los edredones requieren más esfuerzo que las antiguas colchas; las terrazas incorporan cerramientos y mobiliario que exigen una limpieza más compleja; y los baños incluyen elementos de diseño que aumentan el tiempo necesario para su mantenimiento.

A ello se suma la presencia de cafeteras, hervidores y otros equipamientos que generan nuevas tareas de limpieza y reposición. Sin embargo, las cargas de trabajo no disminuyen. Con frecuencia ocurre exactamente lo contrario.

Frente a esta realidad, algunas comunidades autónomas, a propuesta de las organizaciones sindicales, han comenzado a actuar a través del diálogo social con los agentes económicos y sociales.

Baleares abrió el camino impulsando la implantación progresiva de camas elevables y mecanismos de control de las cargas de trabajo. Además, incorporó al convenio colectivo herramientas para medir dichas cargas con participación sindical y posibilidad de intervención de la Inspección de Trabajo cuando existan discrepancias.

Canarias ha decidido ir un paso más allá.

La reciente modificación de su Ley de Ordenación del Turismo obliga a los establecimientos hoteleros a incorporar camas elevables y carros motorizados para el transporte de textiles y materiales de trabajo, además de realizar estudios específicos sobre las cargas laborales. La implantación será progresiva hasta 2033, pero el mensaje es claro: la modernización turística no puede limitarse a la estética de los establecimientos; también debe alcanzar a las condiciones laborales de quienes trabajan en ellos.

Se trata de medidas de sentido común. Las camas elevables reducen los movimientos forzados de espalda y rodillas.

Los carros motorizados disminuyen los esfuerzos derivados del transporte diario de ropa y productos de limpieza.

Numerosos estudios acreditan que estas herramientas reducen los sobreesfuerzos, la siniestralidad y las lesiones musculoesqueléticas que afectan de manera especialmente intensa a este colectivo.

Pero la modernización tecnológica, siendo imprescindible, no basta por sí sola.

Miles de camareras de piso acumulan décadas de trabajo en condiciones especialmente penosas y llegan a los últimos años de su vida laboral con importantes limitaciones físicas y psíquicas, una elevada automedicación y niveles de estrés laboral derivados de las cargas de trabajo.

Por ello, la mejora de los medios de trabajo debe ir acompañada del reconocimiento efectivo de la penosidad de la profesión.

Resulta difícil comprender que una actividad más que provoca un desgaste físico y psicológico tan evidente continúe sin disponer de coeficientes reductores que permitan acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones económicas.

Del mismo modo que ocurre en otros sectores especialmente duros o peligrosos, las camareras de piso deberían poder retirarse antes, con plenas garantías económicas y de protección social.

Hablamos, además, de una cuestión de justicia.

La inmensa mayoría de quienes desempeñan esta profesión son mujeres que han sostenido durante décadas una parte esencial del éxito turístico español.

Muchas llegan al final de su carrera profesional con problemas crónicos de espalda, hombros, rodillas y articulaciones provocados por años de movimientos repetitivos y esfuerzos constantes.

Mientras tanto, las organizaciones empresariales mantienen una intensa campaña sobre el incremento de las bajas por incapacidad temporal en muchos casos son enfermedades profesionales.

Sin embargo, no ponen el foco en las causas que las provocan. Reclaman reducir complementos salariales durante las bajas, algo recogido en los convenios colectivos sectoriales, ampliar el poder de las mutuas para emitir altas médicas y recuperar mecanismos de despido vinculados al absentismo.

Pero no hablan del aumento de las cargas de trabajo, de la insuficiente inversión preventiva, del envejecimiento de las plantillas o del deterioro de la sanidad pública, factores que explican buena parte del problema.

La solución, por tanto, no consiste en penalizar a quienes enferman. Consiste en evitar que enfermen. Y eso exige más prevención, mejores condiciones laborales, más inversión en salud laboral y una organización del trabajo compatible con la dignidad de las personas.

La experiencia de Baleares y Canarias demuestra que otro modelo es posible y que debería extenderse al conjunto de las comunidades autónomas a través del diálogo social tripartito. Un modelo en el que la competitividad turística no se construya a costa de la salud de quienes sostienen diariamente el sector. Un modelo que combine rentabilidad económica con responsabilidad social.

Un modelo en el que la innovación tecnológica sirva también para reducir riesgos y proteger a las personas trabajadoras.

La hostelería española necesita seguir modernizándose. Pero la verdadera modernización no se mide únicamente por la calidad de las instalaciones o por el número de estrellas de un hotel. También se mide por la calidad del empleo que genera.

Implantar camas elevables y carros motorizados, controlar las cargas de trabajo y reconocer el derecho a una jubilación anticipada para las camareras de piso no son privilegios ni costes innecesarios. Son medidas de justicia, de salud pública y de responsabilidad social.

Porque proteger a quienes cuidan cada día de millones de visitantes para que regresen satisfechos no solo es una obligación moral. Es también una inversión inteligente en calidad, competitividad y futuro para el turismo español.