El 2025 fue uno de los años más duros para la población y comunidades indígena ngäbe buglé de Bocas del Toro. Las protestas y el paro de labores en las plantaciones de banano de la brasileña Chiquita fueron salvajemente reprimidas y más de 5000 trabajadores fueron despedidos. Un año después, la impunidad reina.

“La operación Omega se desarrolló entre el 20 y 30 de junio del año pasado. La gente quedó totalmente incomunicada y en absoluta indefensión. La represión fue brutal. Ya en julio mandamos a una comisión investigadora a la zona”, dijo a La Rel, Jorge Guzmán, directivo de la Coordinadora popular de derechos humanos de Panamá (Copodehupa).

Todo fue planeado en los mínimos detalles. Primero incomunicaron a la población, luego militarizaron la zona con fuerzas especiales y hasta intentaron tomarse el estadio de Changuinola para instalar una base operativa y un centro de detención. La gente reaccionó e hizo fracasar el intento.

“En respuesta, el gobierno decretó el estado de urgencia y levantó las garantías constitucionales para frenar de alguna manera las protestas. Y desencadenó la represión”, recuerda Guzmán.

Detenciones, tortura y abuso sexual

Según datos de Copodehupa hubo más de 300 detenciones arbitrarias, miles de despidos, casas allanadas ilegalmente, una persona fallecida, decenas de heridos, múltiples casos de tortura y de abuso sexual contra mujeres.

“Ya presentamos 102 denuncias que están bajo investigación del Ministerio Público y logramos que se elevaran a delitos contra la humanidad. Los principales acusados son los jefes de la operación Omega, incluyendo al ministro de Seguridad, Frank Ábrego”, explicó el defensor de derechos humanos.

La organización panameña denuncia también presiones de parte de miembros de los cuerpos represivos que participaron en el operativo, para que los pobladores que están siendo perseguidos penalmente acepten su culpabilidad y pacten un “acuerdo de pena”.

Hay más de un centenar de extrabajadores de las bananeras de Chiquita con causas penales activas. Son acusados de terrorismo y sabotaje a infraestructuras, asociación ilícita, vandalismo y daños a la propiedad.

El impacto en la comunidad

Además, las secuelas de la represión impactan directamente sobre la vida de miles de familias que han quedado al desamparo, con un aumento preocupante de los índices de pobreza, del trabajo precario y sin derechos.

A nivel internacional, Copodehupa remitió ante los relatores de Naciones Unidas para la libertad de expresión, libre asociación y derechos de los pueblos indígenas los reportes sobre las graves violaciones cometidas.

Hasta el momento el Estado no ha contestado a las solicitudes formuladas por los Relatores.

“La situación es compleja, porque se mezclan la persecución judicial contra los pobladores, las denuncias contra los represores y una fiscalía muy a menudo volcada contra el movimiento social y temerosa cuando se trata de enjuiciar a altos mandos policiales o de gobierno”, remarcó Guzmán.

“A pesar de las dificultades tenemos la confianza de poder avanzar y traer un poco de justicia a la zona”, concluyó.