El movimiento popular panameño vivió el año pasado uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Las protestas contra la reforma de la Caja del Seguro Social (Ley 462) y la firma de un memorando de entendimiento en materia de seguridad con Estados Unidos fueron respondidas con despidos, persecución, violencia física, criminalización, judicialización y encarcelamiento.

“Casi 300 educadores fueron despedidos y, hasta el momento, hemos logrado que los tribunales ordenen la reintegración y la reposición de salarios para cuatro de ellos. El resto está esperando que sus casos avancen”, explica a La Rel Jorge Guzmán, directivo de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa).

Asimismo, continuó el abogado, se está presionando para que el nuevo titular de la cartera de Educación se siente a negociar con el gremio.

En el caso del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y la Coordinadora de Unidad Sindical (CONUSI), la situación se ha agudizado de forma alarmante.

Pese a las contundentes recomendaciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante las reiteradas violaciones al Convenio 87 sobre la libertad sindical, el Estado de Panamá no ha acatado dichos señalamientos y la persecución continúa.

“Los dirigentes siguen investigados, presos, con medidas cautelares, asilados o exiliados. Tampoco se han abierto espacios tripartitos de negociación, mientras se agrava la restricción de los recursos y el acceso a las cuentas bancarias. En fin, la persecución se ha agudizado”, advirtió Guzmán.

En su momento, SUNTRACS y CONUSI denunciaron que la arremetida de la administración del presidente José Raúl Mulino significó la detención de unos 600 trabajadores y la judicialización de otras 100. Asimismo, la represión dejó un saldo de al menos 100 personas heridas o torturadas, 25 allanamientos a locales sindicales o viviendas de dirigentes, 5 directivos con órdenes de captura, 3 casos de abuso sexual, 15 cuentas bancarias cerradas y una demanda orientada a disolver la organización.

Actualmente, Saúl Méndez permanece en el exilio tras verse forzado a salir del país, mientras que Erasmo Cerrud continúa asilado en una sede diplomática. Por su parte, Genaro López y Jaime Caballero, también directivos del Sindicato, junto a Marco Andrade, secretario general de CONUSI, enfrentan severas restricciones bajo medidas cautelares alternativas a la prisión.

Aún más grave es la situación de Ariel Rodríguez, otro dirigente de la construcción, quien permanece recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad La Nueva Joya.

“Las cuentas bancarias de SUNTRACS siguen bloqueadas, mientras que CONUSI tiene casi dos años sin recibir los fondos destinados a educación.

Además –continúa Guzmán–, el Estado no muestra ninguna intención de acatar ninguna de las recomendaciones hechas por los relatores especiales de las Naciones Unidas y la OEA. Esto es grave y pone en entredicho el precepto de no repetición”, concluyó el defensor de derechos humanos.